El Senado de Paraguay aprobó este martes la Ley de Reforma del Transporte Público, un proyecto impulsado por el Ejecutivo con el objetivo de reestructurar el caótico sistema actual. Tras la votación en general, los legisladores comenzaron el tratamiento artículo por artículo, centrando el debate en los puntos más controvertidos.
El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, fue uno de los principales voceros del proyecto durante la sesión. Destacó el trabajo de análisis técnico realizado por siete comisiones, entre ellas Asuntos Constitucionales, Obras Públicas, Energía, Producción y Desarrollo Sostenible, Industria y Comercio, así como Ciencia y Tecnología. “Este proyecto no fue trabajado a las apuradas”, señaló.
Según Maidana, de los 92 artículos objetados inicialmente, se logró consenso sobre 20, y uno fue corregido para mejorar su redacción. Esta reforma no solo busca modernizar el transporte público, sino también redefinir la rectoría del Estado en el sistema y actualizar la Ley N° 1590/2000, vigente desde hace más de dos décadas.
El núcleo del plan contempla un nuevo modelo de concesiones de entre 15 y 20 años, que serán adjudicadas mediante licitaciones públicas. La intención es consolidar la operación en manos de empresas mejor preparadas, con el respaldo de infraestructura adecuada y condiciones técnicas más exigentes.
Uno de los cambios más relevantes es que el Estado asumirá la compra de flotas mediante concesión a empresas proveedoras, las cuales luego cederán los buses a las operadoras. Se busca prohibir la circulación de vehículos con más de 15 años de antigüedad y fomentar el uso de unidades con bajas o cero emisiones contaminantes.
También se prevé licitar los servicios de infraestructura —patios, terminales, estaciones—, así como áreas clave como gestión tecnológica, control, inspección técnica y capacitación de conductores. El objetivo declarado es garantizar un servicio más eficiente y menos fragmentado.
El nuevo esquema de operación estará dividido en unidades funcionales: troncales, alimentadoras, ramales y líneas circulares. Con esto, se pasaría de las actuales 36 líneas a unas 10 empresas operadoras, promoviendo una mayor coordinación y cobertura territorial.
Otro punto importante es la integración tarifaria, que permitirá a los usuarios hacer varios trasbordos con un único pasaje. Esta medida apunta a aliviar el bolsillo del ciudadano y fomentar el uso del transporte público frente al uso del automóvil particular.
Sin embargo, no todas son luces verdes para el proyecto. Uno de los artículos ya aprobados establece evaluaciones periódicas obligatorias para los choferes, condición que ha generado el rechazo del gremio, que considera la medida como una amenaza a la estabilidad laboral.
Además, los sindicatos señalan que el proyecto no garantiza la continuidad de los trabajadores en caso de que una empresa pierda su concesión. Esta omisión es vista como un riesgo grave para cientos de conductores que podrían quedar sin empleo.
Ante este escenario, los trabajadores del transporte anunciaron que convocarán un congreso nacional en los próximos días para definir una posible medida de fuerza. Entre las opciones más fuertes se encuentra la convocatoria a una huelga general.
