El gobierno de Paraguay ha tomado una decisión estratégica que ha alterado su relación con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) suspendió la cooperación directa con la DEA, pero aseguró que esto no significa el fin de la colaboración en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, la cooperación se redirige hacia la Policía Nacional, manteniendo el enfoque de combate al crimen organizado.
En una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Enrique Riera, y el ministro de la Senad, Jalil Rachid, explicaron que la colaboración con Estados Unidos continuará, pero con un enfoque renovado. La decisión, aprobada por el presidente Santiago Peña, no se trata de un corte definitivo con la DEA, sino de una reestructuración operativa. “La DEA no se va”, subrayan los funcionarios paraguayos.
La decisión fue revelada el viernes pasado por The Washington Post, que informó sobre la notificación oficial del gobierno paraguayo a la Embajada de EE. UU. en Paraguay. En ella, se comunicó la suspensión de la cooperación directa entre la Senad y la DEA, especialmente en lo relacionado con la “Unidad de Inteligencia Sensible” (SIU) que operaba con el apoyo de agentes norteamericanos.
El ministro Rachid aclaró que la cooperación no desaparece, sino que simplemente se redirige. Explicó que la Senad cuenta con alrededor de 300 agentes antidrogas, y que algunos de ellos, que estaban asignados a tareas con la SIU, regresarán a reforzar las actividades de inteligencia de la Senad. La reestructuración tiene como objetivo mejorar la eficacia en la lucha contra el narcotráfico, un área que ha mostrado buenos resultados en los últimos tiempos.
El presidente Peña respaldó la decisión, señalando que se trataba de una medida necesaria para optimizar el uso de los recursos y mejorar los resultados. Además, se subrayó que este cambio en la cooperación no implica una ruptura con EE. UU. “Estamos reorientando la cooperación para que se enfoque a través de la Policía Nacional, donde se podrá hacer un mejor uso de los recursos”, aseguró Riera.
El ministro del Interior, Enrique Riera, también destacó que este cambio es parte de una política más amplia de reestructuración de la seguridad en Paraguay, y que permitirá a la Policía Nacional mejorar sus capacidades en la lucha contra el narcotráfico. Esta reorganización apunta a equilibrar los esfuerzos de la Senad, que tradicionalmente ha sido la fuerza antidrogas más destacada en el país, con las capacidades de la Policía Nacional.
A pesar de la reconfiguración, Paraguay ha insistido en que la cooperación con Estados Unidos sigue siendo sólida. El ministro Riera enfatizó que la relación de seguridad entre ambos países sigue siendo fluida, con conversaciones en curso para coordinar los próximos pasos. Además, señaló que el gobierno paraguayo ha mantenido un diálogo constante con la Embajada de EE. UU., a pesar de algunas diferencias.
El ministro de Tecnologías de Información, Gustavo Villate, añadió que la decisión de suspender la cooperación directa con la DEA se ha dado en el contexto de la necesidad de “fortalecer” la Senad y de optimizar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. También comentó que el proceso de redefinición de la cooperación está en marcha, y que se están evaluando las mejores formas de colaboración futura.
El gobierno paraguayo no ha recibido aún una respuesta oficial de EE. UU. sobre la decisión, y Villate especuló que la filtración de la noticia a The Washington Post podría haber sido un acto de “molestia” de alguien dentro de la administración estadounidense. Sin embargo, afirmó que las conversaciones con el gobierno de EE. UU. siguen avanzando, y que ya han comenzado a coordinar con el equipo de transición de Donald Trump.
Este giro en la cooperación entre Paraguay y la DEA ha generado cierta incertidumbre, especialmente después de que el presidente Santiago Peña pidiera la salida anticipada del embajador estadounidense Marc Ostfield, tras las tensiones por las acusaciones de corrupción que involucran a figuras cercanas al gobierno paraguayo. A pesar de los desafíos, las autoridades paraguayas insisten en que la lucha contra el narcotráfico seguirá siendo una prioridad y que, a pesar de los cambios, se mantendrán como aliados en este frente internacional.
¿Qué dicen los agentes de la Justicia?
Especialistas del ámbito judicial lamentan la decisión de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de cortar la cooperación con la DEA, subrayando los beneficios clave que ha traído el apoyo estadounidense, especialmente en capacitación y tecnología.
Jueces y fiscales especializados en Crimen Organizado y Delitos Económicos, como Gustavo Amarilla y Osmar Legal, así como el fiscal Silvio Corbeta, fueron consultados sobre la relevancia de la cooperación de Estados Unidos con Paraguay. Todos coincidieron en señalar que este apoyo es indispensable para el fortalecimiento de las capacidades del sistema de justicia nacional.
El juez Gustavo Amarilla fue contundente al afirmar que la colaboración con EEUU es “extremadamente importante y necesaria” para Paraguay. Resaltó que el país no tiene los recursos suficientes para prescindir de dicha cooperación, especialmente por los beneficios en términos de capacitación y, sobre todo, en logística. “Los beneficios son demasiados, tanto en capacitación como en el uso de medios tecnológicos”, agregó el magistrado.
Amarilla también recordó el éxito de la colaboración internacional en casos como el de Colombia, que, gracias al apoyo de Estados Unidos, logró avanzar significativamente en la lucha contra el narcoterrorismo. “Ojalá no perdamos esa cooperación”, expresó, mostrando preocupación por las posibles repercusiones de esta decisión.
Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta también subrayó el valor de la cooperación estadounidense, especialmente en la formación de jueces y fiscales en temas de lavado de activos. Según Corbeta, esta colaboración ha sido “innegable” y fundamental para el fortalecimiento del sistema judicial paraguayo. En este sentido, destacó las capacitaciones proporcionadas por la DEA, que han permitido a los operadores judiciales paraguayos mejorar su eficiencia en las investigaciones y el uso de nuevas tecnologías.
Además, el fiscal indicó que la asistencia de la DEA ha sido clave para lograr resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado. “Eso ayuda a que se llegue a resultados concretos”, enfatizó, dejando claro que la cooperación internacional es un pilar esencial en la resolución de delitos complejos como el lavado de dinero y el narcotráfico.
Aunque desde el gobierno se ha intentado justificar el cambio como parte de un proceso de “reestructuración”, redirigiendo la cooperación hacia la Policía Nacional, los expertos del ámbito judicial insisten en que la sinergia entre las distintas instituciones del país es vital. La cooperación de la DEA ha sido una herramienta clave en la capacitación de todos los actores del sistema judicial, no solo en cuestiones tecnológicas, sino también en el fortalecimiento de los procedimientos investigativos.
La decisión de la Senad y la justificación del gobierno, que apunta a un rediseño de las estrategias en la lucha contra el narcotráfico, ha generado incertidumbre entre los profesionales del sector. Mientras tanto, la cooperación con Estados Unidos sigue siendo vista como un elemento fundamental para el éxito de las políticas de seguridad y justicia en Paraguay.
A medida que la situación se desarrolla, la comunidad judicial continuará observando de cerca cómo esta reestructuración afectará la capacidad del país para hacer frente a las organizaciones criminales internacionales y los delitos complejos. La esperanza es que, a pesar de los cambios, Paraguay no pierda los beneficios de una cooperación internacional crucial para su seguridad y estabilidad.
