La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido investigar a Rodrigo Granda por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, ocurrido en 2004.
Una apelación presentada por la defensa reclama que sus derechos fundamentales —al debido proceso y a la defensa— están siendo vulnerados. Granda niega participación directa en los hechos.
La investigación ha sido remitida a la UIF —Unidad de Investigación y Acusación de la JEP— con miras a determinar si se formulará un juicio formal.
Granda sostiene que la relación entre las FARC y Patria Libre (Paraguay) fue únicamente política, y niega cualquier coordinación operativa o material para cometer delitos.
Parte de los argumentos de su defensa es que la evidencia presentada se basa en versiones mediáticas y en documentos que, según ellos, no han sido debidamente contrastados ni cumplen estándares probatorios exigidos.
En el planteamiento legal también se cuestiona la competencia inicial de ciertas Secciones de la JEP que declararon falta de jurisdicción, decisión que luego fue revocada por la Sección de Apelación.
Granda argumenta que el Acto Legislativo 01 de 2017 no obliga a reconocer responsabilidades más allá de la verdad, y que aceptar responsabilidad arbitraria contradice el principio de culpabilidad.
La defensa indica que faltan pruebas materiales suficientes para demostrar el “factor de competencia” en el caso, es decir, que los hechos estén claramente vinculados con Granda.
Además, han alegado que algunas evidencias derivan de la Operación Fénix, lo que en su opinión compromete la cadena de custodia y la legalidad de dichas pruebas.
Por otro lado, las autoridades de Paraguay han solicitado cooperación internacional y la extradición del excomandante, apoyándose en tratados bilaterales, ante la gravedad de los hechos y la historia del caso.
