El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comunicó este lunes su renuncia al ministro de Justicia de España, Félix Bolaños, tras ser sancionado la semana pasada por el Tribunal Supremo con dos años de inhabilitación para ejercer su cargo.
La condena se relaciona con la divulgación de información confidencial sobre un proceso en el que está involucrado el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. González Amador enfrenta acusaciones por presuntos delitos fiscales.
Además de la inhabilitación, la sentencia del alto tribunal establece que García Ortiz deberá abonar 10.000 euros en concepto de indemnización por daños morales a González Amador, así como cubrir las costas judiciales del juicio, incluyendo las de la acusación particular presentada por el empresario.
La decisión del Tribunal Supremo incluye el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados que integraron el tribunal, mostrando una división interna sobre la condena.
Hasta el momento, el Tribunal Supremo no ha hecho públicos los fundamentos completos de su fallo, aunque sí se conoce la pena impuesta y los montos a pagar.
Durante el juicio, García Ortiz negó haber filtrado a los medios de comunicación un correo del abogado de González Amador, en el que se reconocían supuestos delitos fiscales para alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que lo investigaba.
Los periodistas citados como testigos también aseguraron que no recibieron la información directamente del Fiscal General, lo que mantiene dudas sobre la cadena de la filtración.
La sentencia ha generado reacciones divididas en el ámbito político. Desde el Gobierno y los partidos que lo apoyan en el Parlamento criticaron la decisión, considerándola controvertida y desproporcionada.
Por su parte, los partidos conservadores, como el PP, y la formación ultraderechista Vox, expresaron su respaldo a la condena, calificándola como un acto de responsabilidad ante la vulneración de información sensible.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció este domingo tras conocerse la sentencia, asegurando que mantiene su confianza en la inocencia de García Ortiz y mostrando su desacuerdo con la resolución del Tribunal Supremo.
Con la dimisión de García Ortiz, el Gobierno deberá designar a un nuevo titular para la Fiscalía General, un cargo clave en la supervisión de las investigaciones judiciales más importantes del país, mientras se mantienen las tensiones entre el Ejecutivo, el Tribunal Supremo y los partidos políticos.
