En una muestra de inusual alineamiento diplomático, 17 países, entre ellos Qatar, Arabia Saudí y Egipto, firmaron este martes un comunicado conjunto que exige el desarme de Hamás como condición necesaria para avanzar en una solución de dos Estados en el conflicto palestino-israelí.
La declaración fue emitida en el marco de la Conferencia Internacional sobre Oriente Medio que se celebra esta semana en la sede de Naciones Unidas, y contó también con el respaldo de países como España, Brasil, Reino Unido y Canadá, así como de organismos multilaterales como la Unión Europea y la Liga Árabe.
“Hamás debe cesar su control sobre Gaza y entregar las armas a la Autoridad Palestina”, afirma el texto, que subraya la necesidad de una transición política supervisada y apoyada internacionalmente para garantizar la estabilidad en la región.
La petición no es menor: implica el reconocimiento, incluso por parte de naciones árabes tradicionalmente cercanas a la causa palestina, de que la permanencia de Hamás al frente de Gaza constituye un obstáculo para la paz. El comunicado incluye además una condena explícita a los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás contra Israel.
En ese sentido, el documento recuerda que la toma de rehenes está prohibida por el derecho internacional, marcando una línea crítica contra las tácticas del grupo islamista y abriendo la puerta a una narrativa más favorable a la Autoridad Palestina como único actor legítimo en los territorios palestinos.
Durante la apertura del foro, el primer ministro palestino Mohamed Mustafa respaldó este enfoque, exigiendo que Hamás se retire de Gaza y entregue el poder a la Autoridad Palestina. Además, aseguró que su gobierno está dispuesto a recibir una fuerza internacional de estabilización árabe que ayude a imponer un alto el fuego y permita la reconstrucción.
Los países firmantes también propusieron la creación de una misión internacional temporal, coordinada entre Naciones Unidas y la Autoridad Palestina, para garantizar la gobernabilidad y evitar el colapso institucional en Gaza una vez finalizadas las hostilidades.
A mediano plazo, se planteó el establecimiento de un comité de transición administrativa bajo supervisión palestina e internacional. Según el documento, este órgano tendría el mandato de gobernar Gaza mientras se estabiliza la situación y se avanza en negociaciones políticas.
En paralelo, los firmantes denunciaron la situación humanitaria en Gaza, describiéndola como una crisis devastadora provocada por el asedio israelí, que ha derivado en niveles extremos de inseguridad alimentaria y colapso sanitario.
Según agencias de Naciones Unidas, más de un tercio de la población de Gaza no tiene acceso regular a alimentos, y los indicadores nutricionales han alcanzado niveles críticos. La ONU alertó de un riesgo inminente de hambruna si no se permite el ingreso masivo de ayuda humanitaria.
