La Policía Nacional del Perú (PNP) comenzó este miércoles un plan operativo denominado “Destello”, como parte de las primeras acciones del estado de emergencia decretado por 30 días en Lima y Callao, con el objetivo de frenar la creciente criminalidad en la capital y su zona vecina.
Durante la madrugada, unidades especiales de la PNP realizaron intervenciones en diferentes distritos de Lima, incluyendo La Victoria y San Juan de Lurigancho, con el fin de desarticular bandas dedicadas al robo agravado y al tráfico ilícito de drogas.
En La Victoria, la brigada de robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) detuvo a 24 personas, 21 de ellas extranjeras, relacionadas con delitos de alto impacto y tráfico de drogas.
Paralelamente, se realizaron operativos de control en Chaclacayo y Chosica, donde se revisaron vehículos y personas para detectar armas, drogas y otros elementos ilegales, reforzando la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad.
El ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que se intervinieron simultáneamente las prisiones de Lurigancho y Ancón, donde se incautaron armas blancas, celulares, dispositivos de comunicación satelital y libretas con apuntes, y se aplicaron restricciones en las visitas y un “apagón electrónico” en los penales.
Martínez precisó que estas medidas buscan reducir la capacidad de coordinación de bandas criminales desde las cárceles y garantizar un control más estricto del entorno penitenciario.
El presidente de transición, José Jerí, supervisó el inicio de las operaciones desde un comando avanzado en San Juan de Lurigancho, acompañado por los ministros del Interior y de Defensa, destacando la coordinación entre Ejército, Policía y seguridad municipal.
Jerí señaló que la supervisión en las prisiones mostró deficiencias previas en el control interno, lo que motivó un enfoque más riguroso en las inspecciones y la prevención de delitos desde los penales.
El ministro del Interior indicó que se dará prioridad a la inteligencia operativa policial, tanto preventiva como reactiva, y que las Fuerzas Armadas apoyarán directamente las acciones contra el crimen organizado.
El decreto presidencial también establece restricciones a la circulación de motocicletas con dos personas, la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, como parte de las medidas extraordinarias para garantizar la seguridad pública.
Este estado de emergencia llega tras recientes paros de transportistas y movilizaciones ciudadanas que demandaban acciones concretas contra el crimen en Lima, un factor que contribuyó a la destitución de la expresidenta Dina Boluarte el pasado 9 de octubre.
Jerí enfatizó que esta medida representa un “nuevo enfoque” en la lucha contra la criminalidad, basado en acciones concretas y coordinadas: “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, afirmó, subrayando el compromiso de su Gobierno con la seguridad ciudadana.
