El Gobierno de Perú anunció que convocará a un Consejo de Ministros de carácter urgente para evaluar la declaratoria de estado de emergencia en todas las fronteras del país. La medida pretende contener el creciente flujo de migrantes que intenta ingresar desde Chile, principalmente a través de la región de Tacna.
El presidente José Jerí informó la decisión a través de sus redes sociales, destacando que se reforzará la vigilancia en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la entidad de Migraciones. Según el mandatario, el objetivo central es fortalecer los controles de identidad y garantizar la seguridad interna.
En los últimos días, la frontera sur peruana experimentó un notable aumento en la llegada de migrantes, mayoritariamente venezolanos, que permanecen varados entre los límites territoriales de Perú y Chile. Tacna y Tarata se convirtieron en los puntos más sensibles de este desplazamiento.
El gobernador regional de Tacna, Luis Torres, señaló que entre 70 y 80 migrantes —incluidos niños y adolescentes— se encuentran retenidos en el lado chileno, mientras el tránsito vehicular permanece interrumpido. “Hay columnas de vehículos en ambos lados”, advirtió, alertando sobre un posible agravamiento de la situación.
El aumento de migrantes se da en medio de un clima político tenso en Chile, donde uno de los aspirantes a la presidencia plantea endurecer las expulsiones de extranjeros en situación irregular. Esta postura habría impulsado a algunos grupos a intentar ingresar a territorio peruano antes de posibles restricciones más severas.
La eventual declaratoria de emergencia responde al pedido del propio gobierno regional de Tacna, que alertó sobre la extensa zona fronteriza —de más de 150 kilómetros— difícil de cubrir con la dotación actual de la Policía Nacional. Torres enfatizó que la preocupación principal es asegurar la línea limítrofe.
Actualmente, cerca de 50 agentes patrullan esta franja, cifra considerada insuficiente ante la presión migratoria. Con la emergencia, se prevé el traslado de refuerzos policiales desde otras regiones, además del apoyo logístico de la gobernación, que pondrá a disposición vehículos con sistemas de comunicación satelital.
La Aduana también anunció que facilitará más unidades móviles para fortalecer los patrullajes mientras se aguarda el decreto supremo del Ejecutivo. Las autoridades esperan que la ampliación de recursos permita una respuesta más rápida y ordenada.
De manera paralela, se coordinan acciones humanitarias para atender a los migrantes que se encuentran en condiciones vulnerables. El gobernador Torres comunicó que el puesto de salud del complejo Santa Rosa incrementará la presencia de médicos, enfermeras y ambulancias para asistir a los menores de edad y otras personas necesitadas.
Las reuniones entre Policía Nacional, Migraciones, la Defensoría del Pueblo y otros organismos continúan de forma diaria en la zona limítrofe, buscando equilibrar el control de ingreso con la atención humanitaria. Las autoridades admiten que la falta de equipos de comunicación dificulta las labores en terreno.
Con el tránsito parcialmente bloqueado por la presencia de migrantes, la circulación de vehículos y mercancías entre ambos países se ve afectada, generando preocupación en las comunidades locales. El Gobierno considera la situación crítica y sostiene que un estado de emergencia permitirá responder con mayor eficacia.
Mientras se espera la oficialización de la medida, Perú permanece en vigilancia activa ante el desarrollo de la crisis. La prioridad, señalan las autoridades, es proteger tanto la soberanía nacional como los derechos de las personas desplazadas y de quienes viven en las zonas fronterizas.
