Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, de 20 años, rechazó someterse a la extradición simplificada para enfrentar cargos en Argentina por el asesinato de tres mujeres en Florencio Varela.
Durante la audiencia de prisión preventiva en Chilca, el detenido pidió consultar con su abogado antes de declarar, y finalmente respondió: “No me someto a la extradición”.
Un policía permitió a ‘Pequeño J’ realizar una llamada a su defensor, Marcos Sandoval, asegurando que su decisión fue consciente y respaldada legalmente.
El magistrado de la sala judicial dejó constancia de la negativa, dando la palabra a la defensa para absolver lo postulado por el Ministerio Público.
El abogado de ‘Pequeño J’ alegó que la acusación se basa principalmente en información difundida por medios argentinos y no en investigaciones independientes en Perú.
Durante la audiencia, el defensor aseguró que su cliente “no ha participado en este execrable triple asesinato” y argumentó que su regreso a Perú se relaciona con la falta de familiares en Argentina que puedan apoyarlo.
La estrategia legal consiste en continuar el proceso en condiciones que permitan un análisis objetivo de las pruebas, sin la presión mediática que rodea al caso en Argentina.
La defensa presentó documentación que acredita arraigo laboral, familiar y domiciliario en Perú, buscando demostrar que ‘Pequeño J’ no se sustraerá de la justicia.
Asimismo, solicitó una medida de libertad con comparecencia, enfatizando la juventud del acusado y su necesidad de mantener vínculos con su familia en Trujillo.
La extradición simplificada habría permitido el traslado rápido a Argentina sin audiencia adicional, pero la negativa del detenido obliga a cumplir procedimientos formales y diplomáticos entre ambos países.
“Pequeño J” fue capturado en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de Perú, tras evadir controles utilizando múltiples dispositivos de comunicación y rutas alternativas desde Bolivia.
El acusado es señalado como presunto autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, crímenes difundidos parcialmente en redes sociales. La justicia argentina mantiene la acusación y evalúa la estructura criminal y los lazos internacionales del grupo, mientras la causa sigue abierta.
