La violencia y la extorsión al transporte urbano en Lima y Callao motivan un nuevo conflicto entre gremios, con un paro parcial convocado para este martes 4 de noviembre, mientras otros operadores rechazan sumarse a la medida.
Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, explicó que el llamado “apagado de motores” será acompañado de una marcha moderada en memoria de los choferes asesinados y para exigir seguridad y justicia.
Ojeda aseguró que la medida surge de una situación de desesperación frente a amenazas y homicidios registrados incluso durante el estado de emergencia, preguntándose: “¿Qué acto es más simbólico si nosotros estamos muriendo?”.
La Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú) confirmó su adhesión al paro, denunciando que casi la totalidad de sus empresas sufre extorsión, amenazas y atentados contra los conductores que no cumplen con los pagos exigidos.
La Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP) ratificó su participación por 24 horas y recordó que en solo 48 horas dos choferes fueron asesinados, reflejando la grave inseguridad que afecta al sector.
Algunas empresas, como Nueva América y Transporte Unido del Cono Este SJL, informaron a los usuarios que paralizarán operaciones, exigiendo pensiones y beneficios para los familiares de los conductores asesinados.
Los crímenes continúan pese al estado de emergencia: Walter Leoncio Sandoval Castro y José Johnny Esqueche Ningles fueron ejecutados en Callao y Lima, respectivamente, mientras que buses fueron atacados con disparos en Chorrillos.
Ojeda indicó que la protesta busca además garantizar apoyo educativo y social a los hijos de los conductores fallecidos o heridos, aclarando que la medida debe ser pacífica y sin bloqueos.
Frente a esto, la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao rechazó el paro, señalando que el 95% de las empresas formales continuará operando y apuesta a dar margen de confianza al Gobierno para atender la criminalidad.
Héctor Vargas, de la Coordinadora de Transporte, pidió garantías para los conductores y destacó el trabajo conjunto con ministerios en políticas preventivas y modernización de flota, buscando soluciones sin interrumpir el servicio.
La fragmentación interna es evidente: la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y la Unión Nacional de Transportistas del Perú decidieron no participar, cuestionando la convocatoria y priorizando la negociación con el Ejecutivo.
Miguel Palomino, presidente de la ANCPP, advirtió que la inseguridad persiste pese al estado de emergencia y que las medidas más radicales podrían retomarse si no se logran resultados concretos en la protección de los trabajadores.
