Panamá recibió el primer vuelo con migrantes deportados por Estados Unidos, marcando el inicio de un operativo acordado entre ambos países para afrontar la crisis de la inmigración irregular. En total, 119 personas fueron desembarcadas en la capital panameña, 82 hombres y 37 mujeres, provenientes de diversos países como China, Pakistán, Afganistán, Irán, India, Turquía, Vietnam, Nepal, entre otros.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó la llegada del vuelo durante su rueda de prensa habitual, detallando que los deportados no tenían antecedentes penales y que su estatus como migrantes ilegales los había llevado a cruzar las fronteras estadounidenses. Según Mulino, las personas que arribaron en este primer vuelo no permanecerán en Panamá, sino que serán redirigidas a sus respectivos países a través de un plan logístico establecido por las autoridades panameñas en colaboración con la Organización Internacional de Migración (OIM).
Este vuelo, el primero de tres vuelos programados con la administración de Donald Trump, fue una señal del compromiso de Panamá con la lucha contra la migración irregular. Se estima que unas 360 personas transitarán por el país en el marco de estos vuelos, con el segundo grupo de deportados programado para llegar este viernes. El presidente Mulino aseguró que este proceso no será “masivo”, pero destacó la capacidad de Panamá para cumplir con el acuerdo y facilitar la repatriación de los migrantes a través de vuelos gestionados por Estados Unidos.
Una vez en Panamá, los deportados son trasladados a un alojamiento temporal en un hotel en la Ciudad de Panamá, desde donde se les lleva a un albergue en la provincia del Darién. Esta región, conocida por ser la puerta de entrada a la peligrosa selva del Darién, se ha convertido en un punto crítico para los migrantes que intentan cruzar hacia Norteamérica. Mulino añadió que su gobierno tiene la intención de evacuar a los deportados de esta área lo más pronto posible.
Cabe destacar que la Organización Internacional de Migración (OIM) se encarga de la logística y los costos relacionados con estos traslados, eximiendo al Gobierno panameño de la carga económica del proceso. Esta cooperación se enmarca dentro de los esfuerzos para hacer frente a la migración irregular, un tema que fue abordado durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado 2 de febrero. En ese encuentro, se discutieron medidas adicionales para controlar el flujo de migrantes a través de la peligrosa ruta del Darién, un punto estratégico en la migración hacia América del Norte.
En ese contexto, Mulino propuso fortalecer la cooperación con Estados Unidos y otros países de la región para mejorar el control de esta ruta migratoria. El presidente panameño también destacó que las deportaciones forman parte de un acuerdo alcanzado en julio, que establece que los migrantes que cruzan la selva del Darién desde Colombia sean devueltos a sus países de origen, una medida que, según Mulino, busca minimizar el riesgo para los migrantes y limitar el tránsito de personas indocumentadas en la región.
A su vez, el secretario Rubio, durante su visita, logró la firma de un acuerdo similar con Guatemala, cuyo presidente, Bernardo Arévalo de León, comprometió a su país a recibir a los migrantes deportados desde Estados Unidos y proceder con su repatriación. En ese acuerdo, también se discutió un aumento de las frecuencias de vuelos entre ambas naciones para facilitar los traslados.
La cooperación entre estos tres países se da en un contexto en el que la administración Trump ha mantenido la inmigración irregular como uno de los temas más importantes de su agenda política. Las políticas de deportación, que incluyen redadas masivas y el endurecimiento de las leyes migratorias, son vistas como una de sus prioridades para garantizar la seguridad nacional.
A pesar de las críticas de grupos humanitarios y de derechos humanos, las autoridades de Estados Unidos continúan implementando estas políticas con el objetivo de frenar la migración irregular, especialmente la proveniente de América Latina y Asia. En este sentido, el presidente Trump ha defendido la necesidad de reforzar las fronteras y de colaborar con otros países para reducir el flujo de migrantes indocumentados.
Para Panamá, estas deportaciones son un desafío logístico y humanitario, ya que el país no solo se enfrenta al tránsito de migrantes, sino también a las presiones para cumplir con los acuerdos internacionales mientras mantiene su compromiso con la protección de los derechos humanos. En este sentido, las autoridades panameñas han sido claras en señalar que su rol es el de un “puente” y no un “tercer país seguro”, dejando claro que su responsabilidad se limita a facilitar el tránsito de los deportados hacia sus países de origen.
