Diversas organizaciones sociales, gremios y colectivos ciudadanos han convocado una manifestación nacional para el 7 de agosto de 2025, como rechazo a las medidas del Gobierno de Daniel Noboa.
El epicentro del reclamo será Quito, con un recorrido desde la Caja del Seguro Social hasta la Corte Constitucional, donde se realizará un plantón y se entregarán demandas de inconstitucionalidad.
La convocatoria incluye a unos 20 grupos: federaciones médicas, sindicatos de docentes, asociaciones de salud, colectivos de pacientes con enfermedades graves, representantes barriales y empleados públicos despedidos recientemente.
Los manifestantes consideran que el paquete de reformas —incluyendo la Ley de Inteligencia, de Seguridad y de Integridad Pública— junto a la eliminación de unos 5.000 cargos públicos, representan un retroceso en derechos laborales, democracia y calidad de los servicios.
Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, afirmó que la marcha simboliza la exigencia de que el Ejecutivo gobierne para todos los ecuatorianos, no solo para sectores privilegiados.
Carolina Jaramillo, vocera presidencial, sostiene que los despidos obedecen a evaluaciones técnicas, no políticas. Sin embargo, los sectores afectados alertan sobre la falta de transparencia y ausencia de informes públicos.
A pesar de negar presiones del FMI, el Ejecutivo no presentó estudios de respaldo para justificar la eliminación de cargos. Simultáneamente, anunció pasantías pagadas para 80.000 jóvenes, cuestionadas por su costo y alcance real.
Los colectivos convocantes esperan que la Corte Constitucional responda urgentemente a sus demandas, y que el plantón visibilice la necesidad de control institucional frente a lo que consideran un avance autoritario disfrazado de seguridad.
