La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó este lunes que procedió a la incineración de cerca de 89 toneladas de marihuana, decomisadas semanas atrás durante la Operación Umbral, en un operativo que las autoridades califican como un impacto relevante contra el crimen organizado.
De acuerdo con el reporte oficial, la destrucción de la droga se realizó en cumplimiento de una orden judicial, como parte de las acciones posteriores a la incautación llevada adelante por la Dirección de Inteligencia de la Senad.
El cargamento fue trasladado hasta una zona rural de la colonia Gasory, en el departamento de Canindeyú, donde se montó el dispositivo para la eliminación total de la sustancia ilícita.
El procedimiento contó con la presencia de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública, además de técnicos del Laboratorio Forense de la Senad, quienes garantizaron la trazabilidad y legalidad del proceso.
Antes de la incineración, se realizaron las etapas formales de extracción de muestras, análisis de laboratorio y pesaje, pasos considerados esenciales para respaldar las actuaciones judiciales y eventuales procesos penales en curso.
Con la quema total del estupefaciente, las autoridades dieron por concluido el circuito legal del operativo, asegurando la disposición final de la droga conforme a la normativa vigente.
Según las estimaciones oficiales, la cantidad de marihuana destruida equivale a un perjuicio económico superior a los 13 millones de dólares para las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.
Desde la Senad subrayaron que la incineración de sustancias ilícitas no es un trámite menor, sino una fase clave en la lucha antidrogas, ya que retira de manera definitiva del mercado el principal producto de renta de estas organizaciones.
Además del impacto económico, la destrucción inmediata de grandes volúmenes de droga reduce riesgos vinculados al almacenamiento prolongado, la custodia y la seguridad de los depósitos oficiales.
El operativo también pone de relieve la capacidad logística y de coordinación interinstitucional del Estado para cerrar cada etapa de los procedimientos antidrogas con controles formales y transparencia.
