El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas inició el debate sobre un nuevo proyecto de resolución destinado a convertir la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en una fuerza antidisturbios más fuerte para enfrentar a las bandas armadas que controlan Puerto Príncipe.
La MSS, liderada por Kenia, ha carecido de personal y financiamiento suficientes, lo que ha limitado su capacidad para retomar territorios y asegurar las rutas clave en la capital haitiana.
La propuesta, impulsada por Estados Unidos y Panamá, plantea reformular la MSS como una Fuerza de Supresión de Bandas con un núcleo fijo de países ya comprometidos con el despliegue, incluyendo a Guatemala, El Salvador, Jamaica y Bahamas.
Actualmente, menos de 1.000 efectivos —principalmente keniatas— están desplegados en Haití, menos de la mitad de los 2.500 esperados. El nuevo plan permitiría llegar hasta 5.500 efectivos en total.
Al igual que la MSS actual, esta nueva fuerza dependería de contribuciones voluntarias. No obstante, el borrador incluye una estructura oficial para mejorar la gestión de fondos y suministros.
La resolución propuesta también asigna un papel a la Organización de Estados Americanos (OEA), instando a que entregue un paquete de apoyo logístico con comida, transporte, equipos médicos y más.
Se contempla asimismo la creación de una oficina de la ONU en Puerto Príncipe dedicada a proveer servicios clave como combustible, comunicaciones, vigilancia dron y atención médica.
La MSS fue autorizada en octubre de 2023, aunque los primeros efectivos keniatas solo llegaron en junio de 2024. Su mandato actual expira el 2 de octubre.
La nueva fuerza contrabandistas tendría un mandato por 12 meses con facultades para tomar “todas las medidas necesarias” para cumplir su misión, en línea con la doctrina de acciones internacionales urgentes.
El gobierno haitiano ha pedido reiteradamente más respaldo, incluso solicitando que la operación se convierta en una misión de mantenimiento de paz de la ONU, frente al accionar violento de bandas que ya desplazaron a 1,3 millones de personas.
La resolución necesita al menos nueve votos favorables en el Consejo de Seguridad y un veto negativo de ninguno de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia— para aprobarse.
