Al menos 18 militares colombianos fueron retenidos por pobladores en el departamento del Chocó, en el oeste del país, mientras llevaban a cabo un operativo dirigido contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Según Sánchez, los uniformados fueron rodeados por alrededor de 200 personas y trasladados por la fuerza hacia un resguardo indígena, lo que el funcionario calificó como un “secuestro”.
La retención de militares y policías no es un hecho aislado en Colombia; se registra con frecuencia en regiones con baja presencia del Estado y donde grupos armados ejercen control sobre la población local.
Autoridades sostienen que muchos pobladores, principalmente campesinos, participan en estas acciones presionados o manipulados por organizaciones ilegales que operan en la zona, aunque también hay casos de decisiones voluntarias de presión social.
El operativo tenía lugar en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato, donde los militares buscaban proteger a las comunidades indígenas de amenazas como el reclutamiento forzado de menores y el desplazamiento de pobladores por violencia armada.
La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, señaló que tras la retención de los soldados convocó un consejo de seguridad extraordinario para coordinar acciones que permitan su liberación de manera segura.
El ministro Sánchez subrayó que impedir la labor militar “pone en grave riesgo a las comunidades que necesitan protección”, y agregó que ninguna causa social justifica privar de la libertad a los uniformados ni vulnerar sus derechos humanos.
Este tipo de incidentes se ha repetido en el pasado reciente. En septiembre, 72 militares fueron retenidos por pobladores en el Cañón del Micay, un área dominada por disidentes de las extintas FARC vinculados a la producción de cocaína.
En agosto, 33 uniformados también fueron liberados después de pasar tres días retenidos en el departamento del Guaviare, lo que evidencia la recurrencia de este tipo de situaciones en zonas afectadas por el conflicto armado.
Colombia enfrenta una guerra interna de más de medio siglo que involucra guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales, y actualmente atraviesa su peor crisis de seguridad en la última década.
