Este miércoles, la Cámara de Diputados avaló, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La nueva legislación pretende transformar el modelo de seguridad en el país mediante la prevención, la profesionalización de cuerpos policiales y el uso de inteligencia estratégica.
Durante la sesión, la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y miembro de Morena, destacó que la ley responde a la necesidad de superar las deficiencias del sistema previo, atender demandas sociales urgentes y mejorar la coordinación entre gobiernos federal, estatal y municipal.
El modelo normativo se basa en principios de colaboración, transparencia y resultados concretos, buscando armonizar las políticas públicas para hacerlas más eficientes y efectivas frente a los retos de seguridad actuales.
Saiden explicó que la ley materializa lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución y refuerza las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dotándola de un marco legal que facilite su operación y permita diseñar políticas de seguridad más efectivas.
Un aspecto clave es la racionalización del gasto público en seguridad. En vez de incrementar presupuestos sin criterios, la Ley establece reglas claras para su aplicación, evaluación y seguimiento, bajo la supervisión directa de la Auditoría Superior de la Federación. Además, se fortalece la rendición de cuentas a través de mecanismos institucionales de control, con el objetivo de garantizar que los recursos destinados a seguridad se utilicen con transparencia y eficacia.
La ley incluye un plan rector para la formación policial, que incorpora estándares de certificación y un régimen disciplinario actualizado, buscando policías mejor preparados, éticos y comprometidos con el servicio público. También establece políticas nacionales para acreditar y certificar tanto a instituciones policiales como a agentes individuales, fortaleciendo así la profesionalización en todo el país.
En materia de gestión de información, se impone la obligación de alimentar diariamente los registros nacionales con datos confiables. Esto facilitará la interoperabilidad institucional y permitirá una mejor respuesta ante delitos mediante la vinculación con sistemas de inteligencia e investigación. Se contempla que los órganos coordinadores, como el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales, puedan sesionar de forma virtual o conjunta, adaptándose a las necesidades operativas sin perder eficacia en la comunicación interinstitucional.
La Guardia Nacional quedó formalmente integrada al Sistema Nacional de Seguridad Pública, brindándole certeza jurídica y definiendo claramente su rol en la coordinación operativa nacional, en línea con la Constitución.
Finalmente, la ley prevé mecanismos de cooperación con poderes judiciales y otras instituciones estatales para un enfoque transversal en seguridad, y otorga mayor autonomía al Secretariado Ejecutivo para modernizar procesos y responder a necesidades locales específicas.
Durante la sesión, se presentaron dos mociones suspensivas —por parte de diputados de MC y PRI— alegando irregularidades en el proceso legislativo, pero ambas fueron rechazadas por mayoría, lo que dejó en evidencia ciertas tensiones políticas alrededor de la aprobación de esta normativa.
