La Cámara de Senadores de Paraguay debatirá este miércoles, desde las 09:00 AM, un proyecto de declaración que busca instar al Ministerio Público a abrir una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en la gestión de medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN). La propuesta, presentada por el senador liberal Ever Villalba, figura en el orden del día de la sesión ordinaria.
El pedido surge a raíz del informe de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2024, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado al Congreso Nacional el pasado 1 de agosto. El documento, que fue ampliamente difundido por diversos medios, señala múltiples falencias en el manejo de medicamentos oncológicos adquiridos con fondos públicos.
Entre las anomalías destacadas figuran la compra de fármacos con fechas de vencimiento cercanas, una distribución ineficiente que habría dejado desabastecidos a ciertos sectores, y problemas administrativos que facilitaron el desperdicio de medicamentos de alto costo y uso vital.
Según Villalba, el informe presenta elementos que podrían constituir delitos de acción penal pública, como lesión de confianza, producción de riesgos comunes y asociación criminal, todos contemplados en el Código Penal paraguayo. Por ello, el proyecto de declaración insta al Ministerio Público a actuar de oficio y abrir una causa penal.
El documento plantea en su primer artículo la necesidad de iniciar una investigación formal sobre los hechos revelados por la CGR. En el segundo artículo, se sugiere remitir a la Fiscalía todas las evidencias disponibles, incluyendo el informe completo de la Contraloría y las publicaciones periodísticas que documentan las denuncias.
El legislador remarcó que el Estado tiene la obligación de velar por la transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la salud. “No podemos mirar para otro lado cuando están en juego medicamentos destinados a personas que luchan por su vida”, enfatizó.
Aunque la declaración no tendrá carácter vinculante, se espera que represente una fuerte presión institucional sobre el Ministerio Público. De aprobarse, enviaría un claro mensaje político a favor del esclarecimiento de posibles actos de corrupción y negligencia que habrían afectado directamente a pacientes con cáncer.
El INCAN, principal centro de referencia para el tratamiento del cáncer en Paraguay, depende en gran medida de los insumos proveídos por el Ministerio de Salud Pública. Las irregularidades en la adquisición y distribución de estos medicamentos no solo afectan la salud de los pacientes, sino que también generan un grave perjuicio al erario público.
La situación es particularmente delicada debido a que muchos de los medicamentos en cuestión tienen altos costos y requieren una administración precisa. Cualquier interrupción en el suministro puede tener consecuencias fatales para los pacientes que dependen de ellos para seguir con sus tratamientos.
Diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de pacientes y familiares, ya han manifestado su preocupación por los hallazgos de la auditoría. Solicitan una investigación transparente y sanciones ejemplares en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas.
Desde el Ministerio Público aún no se ha emitido una postura oficial sobre el tema. Sin embargo, de aprobarse la declaración del Senado, la Fiscalía podría verse obligada a actuar para evitar cuestionamientos sobre una posible omisión de deberes legales en un caso que involucra tanto recursos públicos como vidas humanas.
