Masiva protesta por el veto a Ley clave de discapacidad en Argentina

Familias y profesionales se movilizaron frente al Congreso para denunciar el veto presidencial que afecta la asistencia a personas con discapacidad, reclamando protección, inclusión y justicia.

Miles de argentinos, entre familias, terapeutas, trabajadores de centros de día y acompañantes terapéuticos, protestaron este martes frente al Congreso contra el veto del presidente Javier Milei a una Ley clave que ampliaba fondos para discapacidad.

La convocatoria fue organizada por el Foro Permanente por la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad. Muchos llegaron con pancartas que expresaban el malestar: “El Estado nos dio la espalda” y “Vetar derechos, no fondos”.

Para visibilizar el drama, se instaló una silla de ruedas inflable. El símbolo reflejó la urgencia del mensaje: sin financiamiento, el sector podría colapsar.

Según organizaciones sociales, personas con discapacidad y trabajadores sobreviven con apenas $28.000 mensuales; la mayoría está al borde del cierre institucional o sin acceso a prestaciones básicas.

Familias y profesionales se convocaron desde las 11.30 frente al Congreso. Foto: (Ricardo Pristupluk)

El comunicado del Foro, leído durante la manifestación, criticó el veto como un abandono gubernamental frente a la crisis en el sector: “No es austeridad, es exclusión”.

En contraste, desde el Ejecutivo no se emitió respuesta oficial. Se estima que cumplir la ley demandaría cerca de 6 billones de pesos entre este año y el próximo.

La manifestación alcanzó un punto tenso cuando Gendarmería intentó despejar la avenida Entre Ríos. Hubo empujones y gritos, y posteriormente se suspendió el desalojo.

Valentina Bassi, madre de Lisandro, quien tiene autismo, aseguró que vetar la ley es “una crueldad”: sin ella, sus hijos perderían apoyos esenciales para vivir con dignidad. Jóvenes como Román, con discapacidades motoras, corren riesgo de perder sus centros de día. Sus familiares denuncian el abandono y la falta de recursos para continuar atendiendo.

El desfinanciamiento obliga a recortes de horarios y servicios. Padres como Héctor Stavsky advierten que el sistema educativo y de salud inclusiva está en riesgo. Desde Casaie (Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa) exigieron que el Congreso recupere la ley vetada: sin aranceles dignos, temen el cierre de centros y la ruptura de la inclusión social.