La Oficina de Informaciones Judiciales de la Dirección de Estadística Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, divulgó un informe actualizado sobre los registros públicos que controlan a deudores alimentarios y a agresores. El documento reúne estadísticas correspondientes hasta el 31 de octubre de 2025.
De acuerdo con los datos oficiales, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) cuenta con 2.012 personas inscritas. Del total, solo 27 corresponden a mujeres, mientras que 1.985 son varones, lo que evidencia una marcada brecha entre ambos géneros.
Entre enero y octubre fueron emitidos 694.545 certificados del Redam, un volumen que demuestra la habitualidad con la que ciudadanos e instituciones recurren a este documento como requisito para diferentes trámites administrativos y judiciales.
El informe también detalla la situación del Registro Nacional de Agresores Sexuales (RAS), que actualmente incluye a 1.228 personas. De ellas, 26 son mujeres y 1.202 son hombres, una distribución que refleja nuevamente una proporción ampliamente inclinada hacia el sexo masculino.
En ese mismo periodo se expidieron 116.856 informes del RAS, documento que suele ser solicitado para procesos laborales, educativos y otros trámites que implican interacción con grupos vulnerables, especialmente niños y adolescentes.
Ambos servicios —tanto el Redam como el RAS— se encuentran disponibles de forma gratuita a través del portal institucional del Poder Judicial. El acceso es totalmente digital, lo que facilita su obtención sin necesidad de acudir a una oficina física.
Para ingresar al sistema, el usuario debe introducir los datos de su Cédula de Identidad paraguaya. Este mecanismo permite una verificación rápida y asegura que el trámite esté disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
No obstante, el procedimiento cambia para ciudadanos extranjeros. Aquellos que posean documentos con numeración a partir de los 7 millones o cédulas alfanuméricas no pueden realizar la gestión de manera online.
En esos casos, los solicitantes deben presentarse directamente en las oficinas de Antecedentes Judiciales habilitadas en todas las circunscripciones judiciales del país. Allí se realiza la verificación manual y la expedición correspondiente.
El informe remarca que ambos registros cumplen un rol fundamental en la transparencia y el control ciudadano, ya que permiten verificar antecedentes tanto económicos como penales con impacto social.
La Corte Suprema sostiene que la difusión periódica de estas estadísticas contribuye a la rendición de cuentas y ayuda a dimensionar la magnitud de los conflictos familiares y de los delitos sexuales registrados en el país.
Finalmente, las autoridades judiciales reiteraron que seguirán fortaleciendo los sistemas de verificación digital para asegurar que la ciudadanía acceda a información confiable, actualizada y disponible en cualquier momento.
