El Consejo de Estado de Francia ratificó la destitución inmediata de Marine Le Pen como consejera del departamento de Pas-de-Calais, tras rechazar su apelación. La líder ultraderechista había sido inhabilitada por cinco años por un caso de malversación de fondos europeos.
La decisión pone fin a la serie de recursos que Le Pen presentó para evitar la pérdida automática de su cargo, vigente desde que el prefecto del departamento aplicó la orden de inhabilitación luego de la condena penal en marzo.
Según el máximo órgano administrativo francés, las normas que prevén la destitución automática de cargos locales tras condenas penales graves son compatibles con el derecho europeo e internacional.
La condena original incluyó cinco años de inhabilitación, cuatro años de prisión —dos de ellos bajo vigilancia electrónica— y una multa de 100.000 euros, tras comprobarse su responsabilidad en el desvío de cerca de cuatro millones de euros.
La acusación sostiene que los fondos, destinados originalmente a pagar asistentes parlamentarios, fueron utilizados para financiar el partido Agrupación Nacional y remunerar a empleados partidarios.
Le Pen, que aspiraba a presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, argumentó que la ley discriminaba entre cargos locales y nacionales, pero el Consejo de Estado consideró la destitución automática como medida necesaria para garantizar la integridad pública.
La dirigente sigue pendiente de la apelación de su condena ante el Tribunal de Apelaciones de París, cuyo juicio se realizará del 13 de enero al 12 de febrero de 2026, con posibilidad de extenderse hasta la sentencia definitiva.
La líder de RN reconoció que, de confirmarse la inhabilitación, no podría competir en las próximas elecciones presidenciales, lo que representa un duro golpe político para la formación de extrema derecha en Francia.
El caso se centra en la contratación irregular de empleados presentados como asistentes parlamentarios, que en realidad realizaban tareas partidarias para Agrupación Nacional, lo que generó investigaciones judiciales tanto nacionales como europeas.
Los fondos desviados eran dietas asignadas a eurodiputados franceses, que deberían haberse destinado exclusivamente a labores parlamentarias, evidenciando un uso indebido de recursos públicos.
A pesar de perder su cargo local, Le Pen mantiene su escaño como diputada en la Asamblea Nacional, ya que la inhabilitación aún no afecta su puesto parlamentario mientras no se confirme la sentencia en segunda instancia.
