Este lunes se realizó en el sur de Guayaquil, Ecuador, la marcha “Por el Derecho a la Memoria”, en conmemoración del primer aniversario de la desaparición y posterior asesinato de los adolescentes Josué e Ismael Arroyo (14 y 15 años), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), ocurridos en el barrio Las Malvinas.
La movilización fue organizada por familiares, colectivos afrodescendientes, organizaciones de derechos humanos y grupos sociales. El recorrido comenzó en la Casa Comunal de Las Malvinas y pasó por los hogares de las víctimas, en un gesto simbólico de memoria, justicia y no repetición.
Paralelamente, el juicio contra los 17 militares acusados de desaparición forzada entró en su fase final. La Fiscalía General del Estado solicitó penas de 34 años y ocho meses de prisión, multas equivalentes a 800 salarios básicos, una reparación simbólica de 10 mil dólares y medidas preventivas para evitar que hechos similares se repitan.
El caso se desarrolla en el contexto de la declaración de conflicto armado interno en enero de 2024, que amplió las atribuciones de las Fuerzas Armadas en operativos contra el crimen organizado. La corresponsal de teleSUR, Elena Rodríguez, destacó que la movilización busca mantener viva la exigencia de responsabilidad política, institucional y moral por parte del Estado.
Durante el recorrido, los manifestantes portaron carteles con mensajes como “Ni perdón ni olvido” y fotografías de los menores. En cada vivienda se realizaron lecturas, expresiones artísticas y homenajes comunitarios. Frente a la casa de Steven Medina, los vecinos exigieron que el caso no quede en la impunidad.
Ronny Medina, padre de Steven, recordó a su hijo como un niño amante del fútbol y del estudio, y relató que los cuatro adolescentes fueron detenidos por militares en la avenida 25 de Julio, trasladados a Taura, donde fueron agredidos, desaparecidos y asesinados.
Katy Bustos, madre de Josué e Ismael, relató que sus hijos soñaban con servir en las Fuerzas Armadas y lamentó que los presuntos responsables fueran uniformados a quienes admiraban. Además, denunció que su hija de nueve años todavía llora cada noche por la pérdida de sus hermanos.
La marcha finalizó en el parque La Coviem, que fue renombrado simbólicamente como “Los Cuatro Niños de Las Malvinas”. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reconoció que inicialmente se estigmatizó a los menores como delincuentes, pero que la evidencia permitió esclarecer los hechos y pidió perdón a las familias en nombre del Estado.
En Quito, artistas afroecuatorianos realizaron un homenaje en la Casa de la Cultura mediante marimba, cantos de arrullos y rituales ancestrales que transforman el dolor en memoria y resistencia. La activista Juanita Francis criticó la falta de reparación efectiva y responsabilizó al gobierno por la deshumanización de los afectados.
La legisladora Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de Niñez de la Asamblea Nacional, calificó el día como “de luto nacional” y denunció que la legislatura anterior ignoró recomendaciones para sancionar políticamente al ministro de Defensa. Resaltó la necesidad de justicia, verdad y sanciones políticas y judiciales.
Durante la audiencia, el fiscal refutó la versión de los militares, quienes afirmaban haber dejado a los adolescentes “sanos y salvos” en Taura. Las pruebas mostraron torturas, humillaciones, amenazas y disparos, describiendo la desaparición forzada como un “delito pluriofensivo” que vulneró múltiples derechos de los menores.
La fase final del juicio contempla la réplica de las defensas y la individualización de penas, en un proceso que mantiene en la atención pública la responsabilidad del Estado y la exigencia de justicia para las familias de Las Malvinas.
