Víctimas del caso “Mafia de los Pagarés” volvieron a manifestarse frente al Palacio de Justicia de Asunción, demandando que la Corte Suprema de Justicia tome medidas efectivas para sancionar a los responsables y garantizar la reparación de los afectados.
Este esquema de estafas presuntamente involucró a empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia, quienes habrían impulsado juicios ejecutivos fraudulentos utilizando pagarés de dudosa autenticidad y sin notificar correctamente a los deudores.
Pedro Coronel, presidente de la Coordinadora de Víctimas, afirmó que la Corte Suprema es “la principal responsable” de un entramado que se originó en el mismo Poder Judicial y que, por tanto, debe actuar con contundencia.
Coronel criticó las acciones tomadas hasta el momento, calificándolas como insuficientes, y advirtió que no intervenir podría favorecer “la indigencia, el hambre y la violación de derechos humanos” de quienes resultaron afectados.
Entre las demandas concretas, las víctimas exigen la anulación inmediata de los embargos y descuentos sobre los salarios de quienes fueron objeto de juicios ejecutivos en los juzgados señalados.
“Son hechos ilícitos cometidos por jueces y funcionarios; no pueden ser válidos y deben ser anulados automáticamente”, declaró Coronel, asegurando que esto solucionaría el caos jurídico generado, y no lo agravaría como algunos temen.
La Coordinadora tiene previsto reunirse con el ministro de la Corte Suprema, Manuel Ramírez Candia, para presentar los reclamos y buscar soluciones inmediatas a los afectados.
En septiembre pasado, el Ministerio Público formalizó acusaciones y solicitó juicio oral contra dos jueces, dos exjueces, ocho ujieres, nueve actuarios judiciales, 13 oficiales de Justicia y 27 abogados presuntamente implicados en la red de corrupción.
Los cargos incluyen prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros delitos vinculados a la manipulación de procesos judiciales y embargos ilegales.
Según la Fiscalía, las notificaciones de pago y mandamientos de embargo no se diligenciaban correctamente y se falsificaban documentos para justificar juicios ejecutivos y descuentos salariales.
Se denunció que los jueces involucrados declararon falsamente que los deudores habían sido notificados y que no comparecieron a reconocer firmas, facilitando así la ejecución de embargos y la afectación de sus ingresos.
Fuente: ABC Color
