El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó centrar los esfuerzos en los líderes de las organizaciones criminales, tras el operativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 120 fallecidos, incluidos cuatro agentes de seguridad.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Lula subrayó que “la lucha contra el crimen organizado se logra atacando su columna vertebral”, y destacó la coordinación entre fuerzas de seguridad y la utilización de inteligencia para desarticular las estructuras delictivas.
El mandatario defendió la gestión de su gobierno en seguridad, señalando que desde 2023 las autoridades han confiscado 19.800 millones de reales a bandas criminales, una cifra que calificó como “la mayor pérdida económica jamás infligida al crimen organizado” en la historia del país.
Según Lula, los operativos de la Policía Federal han aumentado un 80 % desde 2022, pasando de 1.875 a 3.393 en 2024, mientras que en lo que va de 2025 ya se registran 2.922 acciones de este tipo. Además, destacó la incautación de 850 toneladas de drogas, un récord histórico según el propio presidente.
Para fortalecer la lucha contra el crimen, el gobierno presentó al Congreso el proyecto de Ley Antipandillas, que endurece las penas y busca “asfixiar financieramente a las bandas criminales”, junto con la enmienda de Seguridad Pública, destinada a modernizar las fuerzas policiales y asegurar recursos permanentes para estados y municipios.
“La combinación de investigación eficiente, integración institucional y un marco jurídico sólido completa el ciclo de seguridad que estamos impulsando en Brasil”, aseguró Lula, reiterando su respaldo a las políticas implementadas.
Por su parte, la Corte Suprema de Brasil intervino este domingo y ordenó preservar y documentar todas las pruebas materiales del operativo en Río, en un intento de garantizar transparencia y supervisión judicial sobre la actuación policial.
El juez Alexandre de Moraes instruyó que los peritajes, evidencia física y la cadena de custodia se registren de forma “rigurosa e integral”, con el fin de que el Ministerio Público pueda investigar posibles irregularidades y violaciones de derechos humanos.
La resolución del Supremo se enmarca en nuevas directrices para operaciones policiales en favelas, diseñadas para evitar excesos y proteger los derechos fundamentales durante acciones de seguridad en zonas de alto riesgo.
El operativo, que movilizó a 2.500 agentes en los complejos Penha y Alemão, tenía como objetivo desarticular al Comando Vermelho, uno de los grupos de narcotráfico más grandes de Brasil. La cifra de víctimas fatales aún no está clara, oscilando entre 121 confirmados por el gobierno regional y 132 según la Defensoría Pública.
Según las autoridades estatales, la mayoría de los fallecidos tenía antecedentes por delitos graves y casi la mitad contaba con órdenes de captura. Entre ellos, se identificaron 40 personas provenientes de otros estados, consideradas líderes de grupos armados vinculados al Comando Vermelho.
Fuente: Infobae
