Este jueves, legisladores opositores anunciaron la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, señalando posibles delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en beneficio propio.
La denuncia fue firmada por los senadores Rafael Filizzola (PDP), Ignacio Iramain (EN), Esperanza Martínez (Frente Guasú) y Rubén Velázquez (Yo Creo), junto a los diputados Raúl Benítez (Independiente), Leidy Galeano (Yo Creo), Johanna Ortega (País Solidario) y Adrián Vaesken (PLRA).
Según explicó Filizzola en conferencia, la denuncia se centra en el aumento patrimonial de Peña entre su salida como ministro de Hacienda (2018) y su regreso a la función pública al asumir la Presidencia en 2023.
El senador opositor detalló que Peña declaró un patrimonio de 2.300 millones de guaraníes al dejar Hacienda, y 23.000 millones al asumir la Presidencia, con unos 10.000 millones sin explicación clara, incluso considerando sus ingresos en Basa.
La denuncia también apunta al crecimiento del Grupo Ueno, del cual Peña fue accionista hasta el primer trimestre de 2025, señalando que la empresa comenzó a recibir importantes contratos estatales tras la llegada de Peña a la Presidencia.
Filizzola destacó el aumento exponencial de los depósitos del Instituto de Previsión Social y otras instituciones estatales en Ueno Banco, evidenciando un posible vínculo directo entre Peña y el beneficio económico de la empresa.
Otro punto de la denuncia refiere al uso por parte de Peña de vehículos y aeronaves del empresario chino Long Jiang, cuya empresa obtuvo un contrato estatal para proveer pupitres escolares antes de recibir oficialmente la adjudicación.
Según la oposición, este caso demuestra una relación directa entre una persona que da dádivas al presidente y que posteriormente se ve beneficiada con contratos públicos.
Además, la denuncia incluye testimonios de una exempleada de Mburuvicha Róga, Luz Maribel Candado, quien aseguró que circulaban sobres y bolsas con dinero en efectivo en la residencia presidencial, supuestamente para pagos menores ordenados por la primera dama, Leticia Ocampo.
Candado afirmó que ella y familiares suyos fueron despedidos tras la supuesta desaparición de dinero, y que fueron interrogados con polígrafo por personal militar, sin que la Presidencia denunciara el hecho ante la Fiscalía.
La diputada Johanna Ortega cuestionó públicamente: “Si el dinero era lícito, ¿por qué no estaba bancarizado ni era trazable?”, y señaló la falta de confianza en que el fiscal general, Emiliano Rolón, impulse una investigación efectiva.
Por su parte, el diputado Raúl Benítez afirmó que la gestión en Mburuvicha Róga “parece propia de delincuentes”, insistiendo en que la ciudadanía tiene derecho a conocer el origen y manejo de los fondos.
