La Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó una advertencia este jueves, comenzará un plan de restricción de gastos operativos como respuesta directa al veto presidencial a la Ley de financiamiento universitario. La medida fue anunciada por sus principales autoridades en una conferencia de prensa, en la que también convocaron a los legisladores nacionales a rechazar el veto y garantizar la continuidad del sistema universitario público.
El rector Ricardo Gelpi, junto al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, y el vicerrector Franco Bartolacci, encabezaron el pronunciamiento desde el Consejo Superior del Rectorado. Allí, presentaron un diagnóstico detallado sobre la situación presupuestaria que enfrenta la casa de estudios más grande del país.
Entre las primeras medidas, Gelpi explicó que se reducirán los horarios de iluminación en las sedes y se implementarán ajustes operativos para disminuir el consumo energético. “Son cambios necesarios para poder seguir funcionando, pero sin duda marcan el inicio de una etapa crítica”, indicó.
Las autoridades reconocieron también la reducción en el otorgamiento de becas de investigación y dificultades crecientes en el mantenimiento de la infraestructura edilicia. “Estamos funcionando, pero sin una ley que garantice financiamiento, la planificación académica, científica y de salud se torna inviable”, advirtió Gelpi.
La preocupación se extiende al sistema universitario en su conjunto. Desde el CIN destacaron que la falta de presupuesto afecta directamente la capacidad de las universidades para sostener su actividad cotidiana. “El veto no solo desconoce el reclamo legítimo de toda la comunidad académica, sino que empuja a las instituciones al borde del colapso”, alertaron.
Además de los recortes internos, la UBA y otras universidades convocaron a una gran movilización que coincidirá con la jornada en la que la Cámara de Diputados tratará el posible rechazo del veto. “Apelamos a la responsabilidad de los legisladores para que defiendan la educación pública”, subrayó Bartolacci.
Las autoridades universitarias también remarcaron la necesidad urgente de aprobar un presupuesto 2026 que brinde previsibilidad al sistema y elimine la discrecionalidad. “Estamos transitando el segundo año con presupuesto prorrogado. Esto agrava todos los problemas existentes”, explicaron.
Una de las principales consecuencias que destacaron es el deterioro de los salarios docentes y no docentes, que, según afirmaron, está provocando renuncias masivas. “Estamos perdiendo investigadores, educadores y personal técnico calificado. Sin ellos, no hay futuro universitario ni futuro para el país”, sentenció Alpa.
El veto a la ley de financiamiento, firmado por el presidente Javier Milei, fue remitido esta semana al Congreso. La oposición busca convocar una sesión especial para insistir con la sanción original, aunque necesitará una mayoría de dos tercios que todavía no está garantizada.
En paralelo, los principales gremios del sector —FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FATUN, FAGDUT y UDA— anunciaron un paro nacional universitario para el viernes 12 de septiembre, en repudio a la decisión del Ejecutivo y en defensa del sistema educativo.
Las organizaciones sindicales también preparan una nueva Marcha Federal para el día en que se debata el veto, buscando repetir la masiva movilización de abril. En su comunicado, los gremios denunciaron una “crítica situación salarial” y el riesgo de un deterioro irreversible del sistema.
“El Gobierno continúa sin escuchar el reclamo de millones de argentinos que valoran la universidad pública. La comunidad universitaria está unida, organizada y dispuesta a luchar por su supervivencia”, concluye el documento gremial, en un nuevo capítulo del conflicto que enfrenta al Ejecutivo con el sistema educativo.
