La presidenta Dina Boluarte promulgó una controvertida Ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para reforzar el control sobre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben fondos del extranjero. Aunque el Ejecutivo asegura que la norma busca transparencia, especialistas y actores civiles advierten que la medida podría abrir la puerta a la persecución de ONG que litigan contra el Estado.
En un acto oficial, Boluarte sostuvo que la ley tiene como finalidad “garantizar la transparencia” y evitar que recursos externos se usen de forma indebida. “No se trata de control, se trata de claridad”, declaró. Sin embargo, también reconoció que la normativa está dirigida a aquellas ONG que, en su opinión, actúan “en contra de los intereses del Estado” y “siembran odio” bajo una supuesta agenda ideológica.
La norma establece sanciones severas para las organizaciones que utilicen la cooperación internacional en procesos judiciales contra el Estado peruano. Esto incluye multas de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), suspensión temporal e incluso la cancelación de su registro legal.
La ley fue aprobada en el Congreso con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. Su principal impulsora fue la Comisión de Relaciones Exteriores. Desde su discusión inicial, el proyecto generó rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores legales, quienes lo consideran una amenaza directa a la labor que desempeñan en defensa de víctimas.
Una de las modificaciones más cuestionadas es la que tipifica como “falta grave” el patrocinio legal en casos de violaciones de derechos humanos. Esto pondría en jaque a instituciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL), reconocido por su labor en litigios nacionales e internacionales.
Carlos Rivera, abogado del IDL, advirtió que esta medida podría dejar sin defensa a numerosas víctimas de abusos cometidos por agentes estatales. “Las personas perjudicadas por esta norma serán las víctimas de violaciones de derechos humanos que se quedarán sin abogados”, declaró.
Rivera remarcó que la norma afectará casos emblemáticos como ejecuciones extrajudiciales, abusos durante el conflicto armado interno y muertes ocurridas durante las protestas contra el actual gobierno. En su opinión, esta ley representa “lo más inconstitucional que se ha publicado desde las leyes de amnistía de 1995”.
Además del patrocinio legal, la ley modifica los requisitos para la ejecución de proyectos con cooperación internacional. A partir de su entrada en vigencia, todas las actividades deberán contar con aprobación previa de la APCI, lo que representa un cambio sustancial respecto al sistema anterior basado en fiscalización posterior.
Según sus detractores, esta disposición incrementa de forma preocupante el control estatal sobre las ONG. “El nivel de agresión contra los derechos constitucionales es extremadamente grave”, afirmó Rivera.
Las sanciones económicas que contempla la Ley también han sido blanco de duras críticas. Rivera considera que multas de hasta 500 UIT son insostenibles para organizaciones sin fines de lucro y reflejan un intento deliberado de desincentivar el litigio contra el Estado.
Otro elemento preocupante, según el abogado, es la coincidencia de esta ley con iniciativas legislativas como la prescripción de delitos de lesa humanidad, que favorecen a exfuncionarios y exmilitares investigados por crímenes cometidos durante gobiernos autoritarios.
