La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió este lunes una alerta sobre el riesgo de hambruna en Bolivia, destacando la creciente inseguridad alimentaria en el país. Según un informe conjunto de la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se proyecta que la situación empeorará entre junio y octubre de 2025 debido a la alta inflación sostenida y la disminución de las reservas de divisas. Estas condiciones están erosionando la capacidad de importación y el poder adquisitivo de los hogares, limitando el acceso a los alimentos.
Además, la escasez de combustible está obstaculizando las actividades agrícolas, reduciendo aún más la producción de maíz tras una cosecha ya inferior a la media obtenida en 2024. En octubre del año pasado, cerca de 2,2 millones de personas en Bolivia (el 19 % de la población) se encontraban en situación de inseguridad alimentaria aguda.
El país atraviesa desde hace dos años una crisis económica marcada por la escasez de dólares y el surgimiento de un mercado paralelo de divisas que ha provocado un alza en el precio de la canasta familiar, que es cada vez menos asequible para las grandes mayorías. El último dato de la inflación interanual supera las cifras de los últimos 30 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la proyección inflacionaria del Gobierno para este año fue rebasada en los primeros cinco meses.
A esto se suman los períodos de escasez de combustible, que son cada vez más frecuentes y prolongados, debido a la falta de dólares. Bolivia depende de las importaciones para abastecer su mercado interno: compra casi el 90% del diésel y el 56% de la gasolina para cubrir la demanda, por lo que los retrasos de adquisición perjudican sectores estratégicos como el transporte pesado o el agrícola, además de generar largas filas en las estaciones de servicio.
El creciente malestar en la población por la crisis que parece irreversible en el corto plazo ha provocado manifestaciones y pedidos de renuncia del presidente Luis Arce, a quien responsabilizan por la situación del país. En tanto, el Gobierno la atribuye a una mala gestión de la política de hidrocarburos durante las gestiones de Evo Morales -de las cuales Arce fue ministro de Economía por casi 12 años- y a la falta de aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Respecto al informe de la FAO, la canciller Celinda Sosa expresó su rechazo y manifestó que en su país existe un “sector productivo muy activo” y aseguró que se goza de seguridad alimentaria. “De verdad que me sorprende esa situación y esa posición”, manifestó citada por el medio Erbol.
El informe presentado este lunes señala que de la región también está en riesgo Colombia mientras que Haití se mantiene como “el punto más crítico” de América Latina debido a la violencia de las pandillas, el prolongado declive económico y los efectos del cambio climático.
El documento, que se publica cada seis meses, establece también que en marzo de 2025 más de 695.000 personas se habían visto afectadas por desplazamientos, confinamientos, restricciones de movilidad y desastres naturales.
Es imperativo que el Gobierno boliviano, en colaboración con organismos internacionales y la sociedad civil, implemente políticas urgentes para garantizar el acceso a alimentos y energía, estabilizar la economía y restaurar la confianza de la población en las instituciones.
