La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció este miércoles que realizará un seguimiento exhaustivo de las elecciones judiciales que se celebrarán en Bolivia el próximo domingo 15 de diciembre. Este proceso será clave para la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura (CM). Sin embargo, se realizará de forma parcial en varias regiones del país, lo que ha generado inquietud y controversia.
Edison Lanza, abogado uruguayo y jefe de la misión de observación de la OEA, explicó que el organismo no solo estará observando el proceso electoral del domingo, sino también el proceso previo de selección de los candidatos. Lanza destacó que se evaluará cómo el sistema de selección de candidatos se ha desarrollado, tomando en cuenta aspectos clave como la transparencia y la equidad en la designación.
El seguimiento de la OEA también se centrará en el escrutinio de los votos y en las tecnologías que se emplearán durante la votación, así como en la participación de las mujeres. Este último punto será crucial, ya que en elecciones anteriores la falta de inclusión y las barreras de género fueron cuestionadas tanto por la sociedad civil como por observadores internacionales.
El proceso de votación, que en principio se realizaría en todo el país, será parcial en algunos departamentos. En La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca se celebrará de forma completa, pero en Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz los votantes no podrán elegir a los magistrados del TCP ni, en algunos casos, a los del TSJ. Esto se debe a la anulación de algunas postulaciones tras la impugnación de ciertos candidatos que no fueron seleccionados por el Parlamento.
Sobre este tema, Lanza indicó que la misión de la OEA está recabando información con los diferentes actores políticos y sociales involucrados, y que se pronunciarán al respecto al final de su observación. La OEA, en su rol de observadora internacional, tiene como objetivo garantizar la transparencia y la legitimidad de los comicios.
Para fortalecer el proceso, la misión se reunirá con diversos actores, entre ellos el presidente Luis Arce, los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como representantes de las altas cortes y candidatos. Además, se establecerán contactos con organizaciones civiles para conocer sus preocupaciones y recomendaciones.
El día de las elecciones, la OEA centrará su labor en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Sucre, donde se prevé una alta concentración de votantes. A partir de estas observaciones, se elaborará un informe preliminar que incluirá conclusiones y sugerencias para mejorar los procesos futuros.
Las elecciones judiciales en Bolivia han sido objeto de intensas disputas políticas. Las diferencias entre el oficialismo y la oposición, sumadas a los recursos interpuestos por candidatos no seleccionados por el Parlamento, provocaron que los comicios se retrasaran hasta 2023. De hecho, los magistrados del Constitucional decidieron extender su mandato el año pasado, con el argumento de evitar un “vacío de poder”. Esta medida, que generó controversia, fue rechazada tanto por la oposición como por sectores del oficialismo que lidera el ex presidente Evo Morales.
La Constitución boliviana, vigente desde 2009, establece que los magistrados de los principales tribunales del país deben ser elegidos por voto popular, tras ser seleccionados por el Legislativo, para un período de seis años. Sin embargo, en las elecciones judiciales anteriores (2011 y 2017), una mayoría de votantes optó por anular su voto o votar en blanco, en protesta por lo que consideraron un proceso manipulado por la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo (MAS).
Este clima de desconfianza en el proceso electoral judicial ha marcado las elecciones en Bolivia en los últimos años. Con la OEA observando el proceso de cerca, se espera que las autoridades bolivianas tengan la oportunidad de mostrar un compromiso con la transparencia y la justicia en la selección y elección de los magistrados que regirán los tribunales del país. Sin embargo, las tensiones políticas continúan latentes, y el resultado de estas elecciones podría tener un impacto significativo en el futuro de la justicia boliviana.
