La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, ha escalado nuevamente. Tras la finalización de la conciliación obligatoria y ante la falta de avances en las negociaciones salariales, el gremio, liderado por Omar Maturano, ha decidido convocar a un paro nacional para el próximo 28 de enero. Esta medida de fuerza, que se llevará a cabo entre las 9 y las 17 horas, afectará a todos los servicios ferroviarios del país.
El conflicto, que se arrastra desde hace meses, tiene como principal causa la demanda del sindicato de una recomposición salarial para los trabajadores del sector ferroviario. En particular, La Fraternidad exige una canasta básica alimentaria equivalente al 10% del salario de los trabajadores, en compensación por el desfase inflacionario que afecta al poder adquisitivo de los mismos desde septiembre de 2023. Según los sindicalistas, “no estamos discutiendo dinero sino alimentos”, subrayando que buscan garantizar el carácter alimentario del salario ferroviario.
Por otro lado, las autoridades de Ferrocarriles Argentinos rechazaron nuevamente la propuesta del gremio, lo que dejó en evidencia las diferencias de fondo entre las partes. Desde el Gobierno, se estableció que las negociaciones no pueden exceder la pauta salarial del 1% mensual, fijada por el Ministerio de Economía para obtener la homologación de los acuerdos.
El dirigente Omar Maturano ha mostrado una postura firme en sus reclamos, desmarcándose de otros sindicatos ferroviarios que han adoptado una postura más conciliadora. Esta decisión de continuar con las medidas de fuerza pone en evidencia las tensiones entre los gremios y la administración de Milei, quien busca imponer estrictos límites salariales en un contexto de alta inflación.
El último paro nacional, previsto para el 18 de diciembre de 2023, fue suspendido a último momento debido a la intervención de la Secretaría de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria. Sin embargo, en esta oportunidad, el fracaso de las negociaciones ha llevado al gremio a adoptar una posición más radicalizada.
Este nuevo conflicto también pone a prueba la capacidad del Gobierno para manejar las paritarias en medio de una creciente presión social por los altos índices de inflación. La administración de Milei ha tratado de limitar los aumentos salariales dentro de la pauta del 1% mensual, mientras que también presiona a los gremios para reformular convenios previos, amenazando con no homologarlos si superan ese porcentaje.
Desde el Gobierno, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ha logrado algunos avances al conseguir que los sindicatos más grandes, como el de Camioneros y la Unión Obrera Metalúrgica, modifiquen sus demandas salariales. Sin embargo, el caso de La Fraternidad demuestra que no todos los sindicatos están dispuestos a ceder ante las propuestas del Ejecutivo.
Además, el caso de los acuerdos no homologados por el Ministerio de Trabajo, como el de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), sigue siendo un tema conflictivo. A pesar de haber llegado a un acuerdo con las cámaras del sector, el aumento salarial pactado en octubre pasado no ha sido convalidado, lo que ha generado malestar entre los trabajadores del sector.
La tensión entre el Gobierno y los sindicatos, particularmente el caso de La Fraternidad, pone de relieve la dificultad de lograr un equilibrio entre la necesidad de contener la inflación y la presión por mejoras salariales que protejan el poder adquisitivo de los trabajadores.
