La Fiscalía General de Brasil presentó este martes una denuncia formal contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusándolo de liderar una conspiración para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. En un documento dirigido a la Corte Suprema, la Fiscalía también imputó a 33 personas cercanas al exmandatario, incluidos militares de alto rango y exministros, por intentar “abolir violentamente el Estado Democrático de Derecho” y organizar un golpe de Estado.
La denuncia, formulada por el fiscal general Paulo Gonet, señala a Bolsonaro y a su exministro Walter Braga Netto como los “líderes” de la conspiración, que habría tenido como objetivo evitar la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió la presidencia el 1 de enero de 2023. Según Gonet, ambos exfuncionarios incentivaron y participaron en actos destinados a atentar contra la democracia y el Estado de Derecho brasileño.
Bolsonaro, por su parte, rechazó las acusaciones y a través de su abogado calificó la denuncia como “inepta” y “fantasiosa”. En su defensa, el expresidente aseguró que nunca apoyó un movimiento destinado a derribar las instituciones democráticas de Brasil.
La acusación se basa en una extensa investigación de la Policía Federal que documentó la existencia de un plan para mantener a Bolsonaro en el poder, incluso a través de medidas como la anulación de los resultados de las elecciones de 2022. Entre los elementos encontrados por las autoridades, se hallaron borradores de decretos que incluían la declaración de un “estado de sitio” y la intervención de la Justicia Electoral.
Además, la denuncia sostiene que los acusados discutieron la posibilidad de utilizar armas bélicas contra el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien supervisó las elecciones de 2022, y señalaron a Lula como un objetivo a eliminar. Sin embargo, el plan no prosperó, y en su lugar, miles de radicales de extrema derecha invadieron violentamente las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo el 8 de enero de 2023, con la esperanza de incitar una intervención militar.
La Corte Suprema ahora decidirá si acepta la querella presentada por la Fiscalía y llevará el caso a juicio. En caso de que se avance, la Primera Sala del STF, compuesta por magistrados progresistas, será responsable de procesar a Bolsonaro y a los demás imputados. Entre estos magistrados se encuentra Alexandre de Moraes, quien ha sido objeto de amenazas por parte de simpatizantes del expresidente.
Además de las acusaciones por el intento de golpe de Estado, Bolsonaro enfrenta otros cargos penales, como la apropiación indebida de joyas valiosas que debían haberse destinado al Estado, y la falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19. También ha sido inhabilitado hasta 2030 por difundir noticias falsas sobre las elecciones de 2022.
En medio de este contexto judicial, Bolsonaro sigue confiando en su capacidad para limpiar su nombre, sobre todo con el apoyo de fuerzas conservadoras en el Congreso. El exmandatario ha mantenido reuniones con senadores para discutir posibles amnistías para los implicados en los hechos del 8 de enero de 2023, y se mostró tranquilo ante la inminente denuncia de la Fiscalía.
Por su parte, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, aplaudió la denuncia presentada por la Fiscalía, destacando que es un paso crucial para la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en Brasil. La diputada sostuvo que las pruebas presentadas por la Policía Federal son “contundentes” y urgió para que los responsables de los crímenes enfrenten justicia.
