La familia de Marcelo Pecci, fiscal antimafia paraguayo asesinado en mayo de 2022 en la isla caribeña de Barú, ha llevado a cabo una demanda judicial contra el Estado colombiano y los Hoteles Decameron. La querella, presentada ante el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá, acusa a ambas partes de fallas graves en la seguridad que, según su criterio, facilitaron el asesinato del fiscal. Aunque aún no ha sido admitida, esta demanda resalta la preocupación de la familia por la falta de medidas de protección adecuadas. La información internacional refiere que la familia pide una indemnización de USD 2 millones por supuestas “omisiones graves” que habrían facilitado el crimen.
El crimen de Pecci, uno de los fiscales más importantes de Paraguay en la lucha contra el crimen organizado, ocurrió frente a su esposa, Claudia Aguilera, mientras disfrutaban de su luna de miel en la playa del hotel. A pesar de la visibilidad de su estancia, la defensa de la familia considera que el acceso de los sicarios a áreas restringidas del hotel y la falta de seguridad son factores claves que permitieron el asesinato.
En su demanda, la familia de Pecci destaca que el homicidio no fue consecuencia de la información filtrada en redes sociales sobre su ubicación, sino de las fallas en la seguridad del hotel, que permitió el acceso de los asesinos al lugar donde se encontraba el fiscal. La acusación apunta a que el crimen se orquestó con información que facilitó el acceso de los sicarios.
El caso ha tenido un giro significativo con la muerte de Francisco Luis Correa Galeano, uno de los principales implicados en el asesinato de Pecci. El hombre, quien estaba detenido en la cárcel La Picota en Bogotá, fue asesinado en enero de 2024. Correa Galeano, considerado como uno de los articuladores del asesinato, había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para colaborar y proporcionar más detalles sobre el crimen.
La familia de Pecci ha expresado una profunda frustración ante lo que consideran la falta de avances sustanciales en la investigación del asesinato. En declaraciones públicas, la familia ha mostrado su temor a que se esté permitiendo la impunidad en el caso, especialmente con la falta de respuestas por parte del Ministerio Público de Paraguay. La indignación ha crecido aún más debido a la percepción de que las autoridades paraguayas han adoptado una postura evasiva ante el esclarecimiento del crimen.
En un comunicado emitido en su nombre, Francisco Pecci, hermano del fiscal asesinado, señaló que el temor de que el caso esté siendo dilatado intencionalmente es cada vez más palpable. La familia exige que las autoridades paraguayas abandonen lo que consideran “el secretismo inconstitucional” que rodea la investigación y reclaman que se actúe con la misma celeridad y transparencia que se espera en un caso de esta magnitud.
El abogado de la familia, Enrique Kronawetter, también ha sido contundente en su crítica hacia las autoridades. Según él, tanto las instituciones colombianas como las paraguayas han mostrado una alarmante falta de acción y transparencia. Acusó a los responsables de la investigación de utilizar pretextos legales para justificar la inacción y de demorar el manejo de las evidencias.
Kronawetter advirtió que la prolongación de este proceso solo alimenta la impunidad, lo que envía un mensaje peligroso a aquellos que intentan investigar crímenes relacionados con el crimen organizado en la región. En este sentido, se mostró preocupado por el impacto que esta falta de justicia podría tener no solo en el caso de Pecci, sino en la lucha general contra el crimen organizado en América Latina.
Las autoridades colombianas, por su parte, han logrado capturar a varias personas vinculadas con el asesinato de Pecci. En total, han sido detenidas y condenadas nueve personas, con detenciones también en otros países como Venezuela y El Salvador. Sin embargo, la familia de Pecci siente que la justicia aún no ha llegado de forma efectiva a todos los responsables.
En su mensaje final, la familia de Pecci dejó claro que no solo buscan justicia para el fiscal, sino también para el futuro de Paraguay. Señalaron que la falta de acción por parte de las autoridades plantea serias dudas sobre el futuro del país en términos de justicia y lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
“Si Paraguay no castiga a los culpables, ¿qué futuro podemos esperar para nuestro país?”, expresó la familia, haciendo un llamado a todas las instituciones del sistema judicial para que actúen con firmeza y den una respuesta contundente a este crimen que ha conmovido al país y a la comunidad internacional.
