La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas debido a la ausencia de “progreso real” de Venezuela en la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad, según el principio de complementariedad.
Este principio establece que un Estado debe investigar y sancionar seriamente los crímenes antes de que la CPI pueda intervenir, situación que, a juicio del tribunal, Venezuela no ha cumplido satisfactoriamente.
El fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, explicó durante la apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte que, a pesar del “compromiso sostenido” de las autoridades venezolanas, los avances siguen siendo insuficientes.
Niang precisó que la decisión de cerrar la oficina instalada en Caracas en 2024 responde a la necesidad de “gestionar eficazmente nuestros recursos limitados”, pero aclaró que la investigación continúa activa desde La Haya.
Caracas ha rechazado históricamente la investigación de la CPI, argumentando que se debe respetar la complementariedad, es decir, que el tribunal solo actúa cuando el Estado afectado no investiga los crímenes señalados.
El cierre de la oficina representa un giro en la relación entre la CPI y Venezuela, luego de meses de intercambios sobre la responsabilidad penal por violaciones de derechos humanos en el país.
En abril de 2024, el fiscal Karim Khan había calificado la apertura de la oficina como “una oportunidad única” para avanzar en la investigación de crímenes de lesa humanidad y brindar asistencia técnica al sistema judicial venezolano.
La investigación de la CPI sobre Venezuela se inició en 2018 tras la remisión de varios países. El Gobierno de Nicolás Maduro intentó frenar el caso, alegando investigaciones internas, pero la Corte desestimó estos argumentos en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas.
Argentina exigió a la CPI una respuesta “inmediata” frente a los presuntos crímenes cometidos en Venezuela y denunció que la situación se agravó tras las elecciones de julio de 2024, calificadas por Buenos Aires como “fraudulentas”.
Diego Emilio Sadofschi, representante de Argentina, lamentó la falta de avances desde que la Fiscalía anunciara en 2021 la apertura formal de la investigación y denunció que continúan detenciones arbitrarias y tratos inhumanos por parte del régimen venezolano.
En respuesta, Caracas acusó a Argentina de ser un “falso defensor de derechos humanos” y cuestionó el reclamo de emitir órdenes de arresto contra los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad.
Durante la Asamblea de Estados Parte en La Haya, el diplomático venezolano Héctor Constant Rosales criticó al Gobierno de Javier Milei por “politizar” la conferencia y lanzar ataques contra la legitimidad del Ejecutivo de Nicolás Maduro, en referencia a los comentarios sobre las elecciones de julio de 2024.
