La Corte Suprema de Justicia de Paraguay emitió un comunicado este viernes instando a los jueces del país a suspender la implementación de tobilleras electrónicas hasta la aprobación de los protocolos e instructivos necesarios para su correcta aplicación. La medida ha generado controversia, principalmente por una decisión judicial reciente que permitió que un hombre acusado de intentar matar a su ex pareja fuera beneficiado con este dispositivo sin que existieran aún normativas claras para su uso.
El comunicado de la Corte hace un llamado a los actores del sistema judicial para que se adhieran a los protocolos una vez sean aprobados, con el fin de garantizar que los dispositivos cumplan su objetivo de “fortalecer la supervisión judicial” y de proteger a las víctimas, respetando los derechos de los procesados. En su escrito, la Corte subraya que esta herramienta tecnológica debe ser utilizada con la debida responsabilidad y bajo criterios claros.
El plan de implementación de las tobilleras electrónicas comienza con un piloto en la Circunscripción Judicial de Asunción, y luego se prevé su gradual extensión al resto del país, bajo la premisa de que la seguridad de las víctimas debe ser la principal prioridad. Este paso se da con la intención de evitar el uso erróneo o arbitrario del dispositivo, garantizando que se respeten tanto los derechos humanos como los principios de justicia.
El escándalo surgió tras la decisión de los jueces Alicia Orrego y Óscar Rodríguez Kennedy de concederle la tobillera electrónica a Alberto Segovia Martínez, un hombre acusado de golpear violentamente a su ex pareja en diciembre de 2023, casi matándola. La decisión fue controvertida, especialmente porque fue tomada sin la existencia de los protocolos correspondientes.
El magistrado Joel Melgarejo votó en contra de la medida, mostrando su desacuerdo con la aplicación de la tobillera sin la normativa necesaria. La polémica aumentó cuando la presunta víctima y sus familiares expresaron su indignación por la decisión judicial, considerando que el agresor no debía recibir ningún beneficio en un caso tan grave de violencia de género.
La Corte Suprema ahora busca poner orden en esta situación, pero la medida también deja en evidencia la urgencia de establecer un marco normativo claro para el uso de las tobilleras electrónicas en casos de violencia doméstica. Las víctimas, y la sociedad en general, necesitan garantías de que estos dispositivos realmente servirán para protegerlas, y no para facilitar la impunidad de los agresores.
La decisión de la Corte refleja la necesidad de reflexionar sobre el uso de tecnologías en el ámbito judicial, ya que, aunque las tobilleras electrónicas pueden ser una herramienta valiosa para evitar la fuga de los acusados, su implementación debe ser rigurosa y respetuosa de los derechos humanos. Es crucial que el sistema judicial garantice que los protocolos sean claros y eficaces.
Los críticos de la decisión judicial y los defensores de los derechos de las víctimas de violencia doméstica han señalado la importancia de contar con un sistema judicial transparente, que actúe con rapidez y con el respaldo de normativas claras y eficientes.
Mientras tanto, la Corte Suprema ha señalado que el uso de los dispositivos de monitoreo electrónico se llevará a cabo con un enfoque gradual, buscando siempre el bienestar y la protección de las personas afectadas por la violencia. La expectativa es que los protocolos sean aprobados pronto para que el plan piloto de monitoreo pueda comenzar sin más retrasos.
