La Corte Suprema de Brasil decidió por unanimidad este martes avanzar con las imputaciones contra otros seis colaboradores del ex presidente Jair Bolsonaro, en el marco de la investigación que los señala como partícipes de un presunto intento de golpe de Estado. La resolución amplía el proceso iniciado formalmente a fines de marzo y marca una nueva fase en la causa que, según el Ministerio Público, compromete a un total de 33 personas.
Este nuevo paso judicial se da semanas después de que el mismo tribunal aceptara las acusaciones contra Bolsonaro y su círculo más íntimo. El 26 de marzo, los magistrados ya habían dado luz verde al juicio contra el ex mandatario y otros siete allegados, a quienes se los acusa de haber intentado subvertir el orden constitucional el 8 de enero de 2023, cuando manifestantes bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
En esta oportunidad, los jueces centraron su atención en un grupo considerado de segundo nivel en la jerarquía del presunto plan. Estos nuevos acusados habrían cumplido funciones operativas o gerenciales en el esquema, según detalló el procurador general de la República, Paulo Gonet. Con esta decisión, se despeja el camino para que pasen de simples acusados a imputados formales.
Los señalados en esta etapa son el ex asesor presidencial para Asuntos Exteriores Filipe Martins, el general retirado Mario Fernandez, el ex director de la Policía Federal de Carreteras Silvinei Vasques, los oficiales federales Fernando Oliveira y Marilia Alencar, y el coronel Marcelo Camara, quien se desempeñó como asistente presidencial. Todos ellos, según la acusación, habrían ejecutado planes diseñados por el núcleo duro bolsonarista.
Entre las acciones que se les atribuyen están la coordinación de movimientos policiales, el seguimiento encubierto de funcionarios públicos, y la redacción de un documento que buscaba justificar un estado de excepción en el país. Estos hechos, de comprobarse, representarían una violación grave al Estado de derecho y a las normas democráticas que rigen en Brasil.
Pese a la contundencia del fallo judicial, los involucrados han rechazado categóricamente las acusaciones. Bolsonaro, como principal figura del caso, sostiene que se trata de una ofensiva judicial con fines políticos, impulsada por el presidente Lula da Silva para impedirle competir en las elecciones presidenciales de 2026.
“Esto no es justicia, es una maniobra para mantenerme fuera del juego político”, declaró el ex mandatario tras conocerse la resolución. Y agregó: “Lo que están haciendo es un juicio político disfrazado de proceso judicial. Me quieren eliminar como lo hicieron con otros líderes conservadores en el mundo”.
La narrativa de persecución fue reforzada por el propio Bolsonaro días después, cuando encabezó una multitudinaria manifestación en São Paulo el pasado 6 de abril. Desde la icónica Avenida Paulista, denunció lo que considera un uso indebido del Poder Judicial para neutralizar a la derecha y comparó su situación con la de figuras como Donald Trump, Marine Le Pen y líderes opositores en Venezuela y Rumanía.
En su discurso, el ex presidente apeló a la idea de que la “judicialización de la política” representa una amenaza a la democracia. “El activismo judicial se ha transformado en un arma para censurar y excluir”, sentenció frente a miles de seguidores que pedían amnistía para los condenados por los sucesos de enero de 2023.
La causa ha sido dividida en cinco niveles según el rol desempeñado por los acusados en el supuesto intento de golpe. Mientras que Bolsonaro y sus asesores más cercanos figuran en el primer grupo, los seis nuevos imputados integran el segundo escalón, lo que implica un nivel importante de responsabilidad dentro del entramado.
De acuerdo con la legislación brasileña, una condena por intento de golpe de Estado conlleva penas de hasta 12 años de prisión. Sin embargo, para los que lideraron el plan —incluido el ex presidente—, la pena podría escalar hasta los 40 años, dada la gravedad y el alcance de las acciones que se les atribuyen.
