Orelha era un perro comunitario de la playa Praia Brava, en Florianópolis. El animal fue brutalmente torturado durante la noche del 3 al 4 de enero por un grupo de adolescentes y, tras ser hallado agonizando, debió ser sacrificado. El caso se viralizó bajo el hashtag #JusticiaPorOrelha y logró unir a dirigentes y votantes de izquierda y derecha para exigir justicia y cambios legales.
La Policía Civil de Santa Catarina realizó allanamientos en viviendas vinculadas a los sospechosos e imputó a dos adultos y un familiar por coacción, tras amenazar al portero que presenció el hecho. Los cuatro menores, de entre 12 y 18 años, son investigados también por intentar ahogar a otro perro callejero, Caramelo, que luego fue adoptado por el jefe policial del Estado. El caso se rige por el Estatuto del Niño y del Adolescente, que prevé medidas socioeducativas de hasta tres años de internación.
La repercusión alcanzó a figuras de todo el espectro político. La primera dama Rosângela “Janja” da Silva expresó “tristeza e indignación” y pidió justicia. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, recordó que los animales “sienten dolor y afecto”. El gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), prometió una investigación rápida y dijo que las pruebas le provocaron “náuseas”. Desde la oposición, el diputado Kim Kataguiri presentó un proyecto para endurecer penas por maltrato animal y el senador Flávio Bolsonaro pidió debatir la edad de imputabilidad. La diputada Jandira Feghali (PSOL) habló de un “retrato doloroso de la crueldad social”.
Desde 2020, Brasil castiga con entre dos y cinco años de prisión el maltrato a perros y gatos, pero activistas señalan que las penas rara vez se cumplen con rigor. En paralelo, Santa Catarina aprobó una nueva ley que reconoce y protege a los animales comunitarios, prohibiendo su remoción o maltrato sin justificación técnica.
Organizaciones de protección animal aprovecharon la visibilidad para alertar que en Brasil hay unos 30 millones de perros en situación de calle. Tras el caso Orelha, aumentaron las denuncias por agresiones a animales comunitarios en otros Estados. Para activistas, la indignación pública debe traducirse en apoyo sostenido a refugios, campañas de esterilización y políticas de protección animal más firmes.
Fuente: Infobae
