La situación del ex presidente Evo Morales ha tomado un giro judicial significativo este viernes, luego de que la Corte Suprema de Bolivia decidiera declararlo en rebeldía. El fallo surge tras la ausencia de Morales a su audiencia de medidas cautelares, en la que enfrenta acusaciones graves por los delitos de trata de personas y estupro.
La audiencia, que estaba programada para el 14 de enero pero fue suspendida debido a una supuesta condición de salud del ex mandatario, fue reprogramada para este viernes 17 de enero. Sin embargo, cuando Morales nuevamente no se presentó, el juez Nelson Rocabado, quien lideraba la sesión, dictó una serie de medidas drásticas.
El tribunal impuso la medida de arraigo, que impide la salida del país a Morales, y congeló sus cuentas bancarias. También ordenó registrar sus bienes y emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. Esta decisión se suma a la tensión política en Bolivia, marcada por una feroz disputa interna dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), donde se enfrentan los seguidores de Morales y el actual presidente, Luis Arce.
El abogado de Morales, Jorge Pérez, ha defendido enérgicamente al ex presidente, calificando la situación como una persecución política. Según Pérez, Morales nunca fue debidamente notificado de la audiencia y la acusación es ilegal. Además, el abogado presentó una recusación para apartar al juez Rocabado del caso, acusándolo de falta de imparcialidad. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada y la defensa recibió una multa por interrumpir el proceso legal.
En el exterior del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, donde se celebraba la audiencia, se vivieron momentos de tensión. Grupos de simpatizantes de Morales y detractores del ex presidente se enfrentaron verbalmente, creando un ambiente cargado de controversia. Los seguidores de Morales portaban carteles exigiendo respeto por la presunción de inocencia, mientras que sus opositores pedían justicia, acusando al ex mandatario de ser responsable de actos ilegales.
El juicio de Morales es especialmente significativo en el contexto de la pugna interna dentro del MAS. Aunque algunos analistas creen que esta acción podría culminar con una condena de cárcel para el ex presidente, muchos coinciden en que no representa la batalla final para el líder cocalero. Las tensiones políticas en Bolivia continúan, con cada nuevo desarrollo judicial reflejando la lucha por el poder entre las distintas facciones del MAS.
El caso que involucra a Morales también está relacionado con un supuesto delito de estupro, que involucra a una adolescente con la que habría tenido una hija en 2016. Según documentos filtrados por la Fiscalía, la joven tenía apenas 15 años cuando ocurrió el presunto embarazo, mientras que Morales, en ese entonces, tenía 57 años. Los padres de la menor están siendo investigados por su presunta complicidad y por haber obtenido favores políticos a cambio de vincular a su hija con el presidente en funciones.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, ni Morales ni su entorno han negado la existencia de la relación, pero han insistido en que se trata de una estrategia del gobierno para destruir su carrera política y eliminar cualquier posibilidad de retorno al poder.
El enfrentamiento entre Morales y el gobierno de Luis Arce también pone de manifiesto el profundo malestar interno en el MAS, un partido que, tras la renuncia de Morales en 2019, ha vivido una serie de conflictos internos sobre quién debe liderar la organización y cómo debe gestionar el poder en el Estado.
