El Gobierno de Irlanda anunció un proyecto para reforzar su política migratoria, con el objetivo de afrontar el rápido incremento de la población, en medio de un alza significativa de solicitudes de asilo y trámites de reunificación familiar.
Según Reuters, la iniciativa surge luego de que la migración neta en Irlanda casi duplicó los niveles previos a la pandemia, alcanzando un promedio anual de 72.000 personas.
Las autoridades destacan que la población del país creció un 1,6 % en el último año, cifra siete veces superior al promedio de la Unión Europea, lo que genera presiones sobre servicios públicos y vivienda.
“No queremos volver a la Irlanda de hace 80 años, cuando nuestra población estaba disminuyendo. Es positivo que esté aumentando, pero el ritmo de crecimiento es preocupante”, declaró el ministro de Justicia, Jim O’Callaghan.
Entre las medidas propuestas, los solicitantes de asilo que trabajen y residan en dependencias del Estado deberán destinar entre el 10 % y 40 % de sus ingresos semanales para cubrir parte de los gastos públicos. The Irish Times estima que esta medida impactaría a unos 7.500 trabajadores.
En cuanto a la reunificación familiar, quienes deseen traer a familiares de fuera del Espacio Económico Europeo deberán demostrar ingresos equivalentes al salario medio anual y la capacidad de sufragar el alojamiento de sus familiares, con el fin de aliviar la presión sobre servicios sociales y vivienda.
El proyecto también modifica los requisitos de acceso a la ciudadanía: los refugiados reconocidos deberán acreditar cinco años de residencia frente a los tres actuales y demostrar independencia económica sin depender de ayudas sociales a largo plazo.
El Ejecutivo busca además agilizar la tramitación de solicitudes y apelaciones, con la meta de resolver expedientes en un plazo de tres a seis meses para mediados del próximo año, según Reuters.
Un análisis del Ministerio de Justicia reveló que el 87 % de los solicitantes de asilo en Irlanda proceden del Reino Unido cruzando la frontera con Irlanda del Norte. Aunque se descartan deportaciones masivas, se mantiene la opción de denegar nuevas admisiones.
El Gobierno también considera limitar visados estudiantiles ante la percepción de que ciertas vías migratorias superan la capacidad de absorción de la infraestructura nacional, medida que ha generado reacciones encontradas en la sociedad y el ámbito político.
Nick Henderson, director del Consejo Irlandés para los Refugiados, calificó las propuestas como “profundamente alarmantes”, advirtiendo que afectan dos pilares clave de integración: el acceso claro a la ciudadanía y la posibilidad de reunirse con la familia.
Por su parte, el Ministerio de Finanzas señaló que el aumento migratorio responde a una “demanda sin precedentes” de permisos laborales y procesos de reunificación familiar, acentuada por la llegada de numerosos refugiados ucranianos tras el inicio del conflicto en su país.
