En menos de una semana, dos incautaciones de droga vinculadas directamente a vehículos de las Fuerzas Armadas en Chile provocaron una tormenta política e institucional. El escándalo, sin precedentes recientes, reabre el debate sobre el alcance del crimen organizado en estamentos que históricamente han sido considerados como última línea de defensa del Estado.
El primer caso involucró a cinco efectivos de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), quienes fueron apartados de sus funciones tras ser sorprendidos transportando cuatro kilos de droga en un vuelo militar desde Iquique hasta Santiago. Según la versión entregada, las valijas que contenían la sustancia fueron entregadas por una persona que nunca abordó el avión.
Pocos días después, en un cuartel del Ejército en Tarapacá, fronterizo con Perú y Bolivia, se hallaron 400 gramos de pasta base escondidos en un termo con comida. La droga llegó al recinto en un vehículo oficial utilizado para trasladar a migrantes irregulares, y según la versión del Ejército, pertenecería a uno de ellos.
Ambos episodios encendieron las alarmas del Gobierno, que respondió con firmeza y exigió informes detallados a las ramas involucradas. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó la situación como crítica: “Las Fuerzas Armadas y las Policías son nuestra última frontera de protección. No podemos permitir que se erosione esa confianza”.
Cordero reconoció la gravedad de los hechos, aunque descartó que se trate de una penetración estructural del crimen organizado en las instituciones de seguridad. “No hay evidencia de un problema estructural. Pero sí existen casos graves que muestran señales de infiltración”, explicó.
El Ejecutivo, además, aceleró la discusión sobre la eliminación del secreto bancario en las cuentas de funcionarios públicos, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas. Esta reforma busca fortalecer los controles anticorrupción y prevenir nuevas filtraciones delictivas.
Sin embargo, la propuesta legislativa no cuenta con consenso político. Mientras el oficialismo la impulsa como una medida urgente, sectores de derecha y ultraderecha la rechazan por considerarla una intromisión en la privacidad y las libertades individuales.
El presidente Gabriel Boric también intervino, solicitando a la FACH un informe ampliado luego de que se detectaran omisiones en los antecedentes iniciales entregados a la fiscalía. El cruce entre el Ejecutivo y la institución castrense expuso tensiones latentes en el manejo de la crisis.
Cordero, por su parte, pidió una reacción nacional frente a lo que definió como un “problema común” que trasciende lo partidario. “No es una cuestión política. Es un desafío de país que exige unidad y acciones concretas”, declaró.
Desde la oposición, figuras como la alcaldesa y presidenciable Evelyn Matthei criticaron la respuesta del Gobierno, acusándolo de improvisación. Cordero respondió afirmando que todas las instituciones están expuestas y que las soluciones deben ser compartidas.
La controversia no solo dejó al descubierto vulnerabilidades institucionales, sino que evidenció la urgencia de revisar los mecanismos de control sobre quienes integran las fuerzas del orden. Una tarea compleja, pero fundamental para salvaguardar la confianza ciudadana y la integridad del Estado.
