La Fiscalía General de la República de Cuba confirmó este viernes la imputación del exministro de Economía y Planificación y exvice primer ministro Alejandro Gil Fernández por una serie de delitos graves, entre ellos espionaje, malversación de fondos, falsificación de documentos, tráfico de influencias y lavado de activos.
En un comunicado oficial, el Ministerio Público detalló que las investigaciones también lo vinculan con cohecho, evasión fiscal, violación de normas sobre documentos clasificados y sustracción de materiales bajo custodia oficial, configurando uno de los casos judiciales más relevantes en la isla en las últimas décadas.
De acuerdo con el texto, la Fiscalía supervisó el proceso penal llevado adelante por los órganos del Ministerio del Interior y decidió ejercer la acción penal pública, presentando las actuaciones ante el tribunal competente.
Alejandro Gil, considerado durante años un funcionario de máxima confianza del presidente Miguel Díaz-Canel, fue destituido en febrero de 2024 tras la detección de irregularidades en su gestión. Un mes después, el mandatario confirmó públicamente la apertura de una investigación por “graves errores” vinculados a prácticas de corrupción.
Durante este periodo, Gil ha permanecido en prisión provisional, mientras se desarrollaban las pesquisas que ahora derivaron en una imputación formal. Según la Fiscalía, las pruebas reunidas justifican la presentación de múltiples cargos penales.
En marzo de 2024, Díaz-Canel había anticipado que su Gobierno no toleraría conductas corruptas dentro de las instituciones del Estado. “Como parte de la invariable ética de la Revolución Cubana durante estos 65 años, la dirección de nuestro Partido y del Gobierno nunca ha permitido ni permitirá la proliferación de la corrupción”, expresó entonces el mandatario.
La destitución de Gil marcó un punto de inflexión en la campaña anticorrupción impulsada por el Ejecutivo cubano, que desde 2023 ha intensificado los controles internos y las auditorías en distintos niveles administrativos. La ofensiva oficial, respaldada por los medios estatales, surgió en medio de una creciente crisis económica y social.
Gil Fernández, quien ocupó el Ministerio de Economía y Planificación entre 2018 y 2024, fue uno de los artífices de la Tarea Ordenamiento, la ambiciosa reforma monetaria implementada en 2021 con el objetivo de unificar el sistema de monedas y eliminar el peso convertible (CUC). Sin embargo, la medida resultó ampliamente criticada por su impacto inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo de la población.
Durante su gestión, el exministro también lideró ajustes fiscales y energéticos destinados a estabilizar las cuentas públicas, entre ellos la controvertida suba de combustibles de hasta un 400 %, que generó malestar social y aumentó los costos de vida en la isla.
La Fiscalía no reveló detalles sobre las pruebas o los montos vinculados a los presuntos delitos financieros. No obstante, confirmó que la investigación continúa en curso y que el exministro enfrentará juicio una vez concluidos los trámites judiciales correspondientes.
