El inicio del mandato de Yamandú Orsi como presidente de Uruguay no ha estado exento de controversias. A poco de asumir, la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, renunció tras admitir que no había cumplido con el pago de impuestos correspondientes por la casa que habitaba. Este episodio fue el primero en poner en tela de juicio la conducta tributaria de los jerarcas del nuevo gobierno.
Poco después, se conoció un caso similar: Rodrigo Arim, integrante del equipo económico, enfrenta cuestionamientos por no haber regularizado la construcción de su residencia de descanso. Aunque de naturaleza distinta, ambas situaciones revelan un patrón que ha encendido alarmas en el ámbito político.
En este contexto, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, presentó un proyecto de Ley que busca establecer como requisito para ejercer cargos públicos estar al día con las obligaciones tributarias y contributivas. La medida apunta a reforzar la transparencia y la coherencia entre el discurso público y la práctica privada de quienes ocupan funciones de confianza.
La propuesta legislativa plantea que toda persona que asuma un cargo político o de confianza en organismos estatales, incluidas las empresas públicas, deberá presentar certificados que acrediten no tener deudas con la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, el Impuesto de Enseñanza Primaria y el Fondo de Solidaridad.
Según el texto del proyecto, los funcionarios tendrán un plazo de 60 días corridos desde su asunción para entregar esta documentación. En caso de no hacerlo, el segundo artículo de la ley contempla una medida concreta: se les retendrá la totalidad de sus haberes hasta que regularicen su situación.
Schipani fundamenta la iniciativa en la necesidad de fortalecer la credibilidad institucional. “No es aceptable que se tomen decisiones en nombre del Estado mientras se incumplen deberes ciudadanos básicos”, sostuvo. A su juicio, los funcionarios públicos deben ser ejemplo en materia de responsabilidad fiscal.
En la exposición de motivos, el legislador aclara que el proyecto no busca excluir ni discriminar, ya que contempla la posibilidad de ponerse al día mientras se permanece en el cargo. La medida no es punitiva en esencia, sino correctiva, y apunta a instalar una cultura de cumplimiento.
La incorporación de una sanción directa, como la retención del salario, busca evitar que la ley quede en un plano meramente declarativo. Schipani insiste en que la norma debe ser efectiva y que tenga consecuencias claras si no se cumple.
Consultado al respecto, el presidente Yamandú Orsi se mostró dispuesto a considerar la propuesta, aunque con reservas. Señaló que ya existen mecanismos como la presentación de declaraciones juradas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, lo que podría volver innecesaria una nueva obligación legal.
“No estoy en desacuerdo con la idea, pero creo que hay que abordarla en conjunto con otras reformas, como las vinculadas al enriquecimiento ilícito”, indicó Orsi. Su postura sugiere que, si bien comparte el objetivo de elevar los estándares éticos, prefiere una visión más integral y sistémica.
El mandatario también planteó una visión pragmática sobre la realidad económica de los ciudadanos. “Tener una deuda en Uruguay no es una excepción; es casi parte de la normalidad”, admitió, sin dejar de señalar que lo ideal sería que quienes gestionan fondos públicos estén al día con sus obligaciones.
