Desde las 7:00 de la mañana, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), junto a otros sectores del personal de salud, lleva adelante un paro de 24 horas en reclamo por la falta de aplicación de las leyes recientemente promulgadas por el Gobierno.
Aunque el Ejecutivo nacional publicó los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial, promulgando las Leyes 27.795 y 27.796, correspondientes al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, decidió postergar su implementación hasta que se defina el Presupuesto 2026.
La decisión generó malestar entre los profesionales de la salud, el sector universitario y las organizaciones vinculadas al área de discapacidad, quienes denuncian que la suspensión implica un incumplimiento del espíritu de las leyes aprobadas por el Congreso.
Según el Gobierno, la medida responde a la falta de disponibilidad presupuestaria y a la necesidad de determinar las fuentes de financiamiento antes de poner en marcha los programas y mejoras salariales que contemplan ambas normas.
En ese marco, para esta tarde a las 16 está prevista una movilización hacia la Plaza de Mayo, convocada por trabajadores del Garrahan, docentes universitarios y familiares de personas con discapacidad, con el objetivo de exigir la aplicación inmediata de las tres leyes mencionadas.
La Ley 27.795, de financiamiento universitario, busca garantizar la sostenibilidad del sistema público de educación superior mediante una actualización automática de los presupuestos según la inflación informada por el INDEC.
Además, contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes, asegurando que las sumas no remunerativas pasen a ser remunerativas y bonificables, junto con la convocatoria a paritarias nacionales con actualizaciones mensuales acordes al índice inflacionario.
La norma también incluye la revisión de programas de becas y la asistencia a estudiantes en situación de vulnerabilidad, aspectos considerados fundamentales por las universidades para sostener la inclusión educativa.
Por su parte, la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas por un año, con el objetivo de garantizar atención equitativa y de calidad, mejorar las condiciones laborales y asegurar recursos para áreas críticas como neonatología, oncología y cirugía infantil.
El decreto 760/2025 establece, sin embargo, que la aplicación de la emergencia pediátrica queda supeditada a la aprobación del presupuesto nacional, argumentando que la situación financiera del Ministerio de Salud no permite afrontar los costos sin afectar otros programas esenciales.
La suspensión también impacta en los hospitales pediátricos de referencia y en los programas de residencias médicas, que ven postergadas las mejoras salariales y de infraestructura previstas en la ley.
Mientras tanto, los gremios sostienen que la demora en la ejecución de las normas representa una “contradicción política” frente a su promulgación oficial, y reclaman al Ejecutivo una pronta definición presupuestaria que permita hacer efectivas las políticas aprobadas por el Congreso.
