El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una dura acusación contra el Gobierno de Paraguay al señalar que no recibió apoyo en las investigaciones del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en la isla de Barú.
La declaración del mandatario se produjo a través de un mensaje en su cuenta de X, donde reaccionó a un fragmento del discurso de Santiago Peña en la Asamblea General de Naciones Unidas.
En esa intervención, el presidente paraguayo recordó el reciente asesinato del precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay, quien murió baleado durante un acto político en Bogotá.
Petro, en respuesta, afirmó que pese a haber buscado la verdad sobre el crimen de Pecci, no encontró voluntad de cooperación por parte de Paraguay. “No logré apoyo del Gobierno paraguayo para ubicar a los asesinos”, escribió en la red social.
El mandatario colombiano incluso fue más allá al insinuar una posible conexión entre ambos hechos violentos. “No sé si los asesinos del fiscal Pecci sean los mismos de Miguel Uribe”, señaló, generando un fuerte eco mediático y político.
Marcelo Daniel Pecci Albertini, de 45 años, era fiscal delegado de Crimen Organizado del Ministerio Público de Paraguay. Su trayectoria lo había convertido en uno de los funcionarios judiciales más expuestos en la lucha contra el narcotráfico.
El 10 de mayo de 2022, mientras disfrutaba de su luna de miel en una playa privada del hotel Decameron Barú, Pecci fue atacado por un sicario venezolano identificado como Wendre Stil Scott Carrillo, alias Guácala.
El atacante disparó tres veces contra el fiscal, impactando en su rostro. La ejecución ocurrió a plena luz del día y frente a su esposa, la periodista Claudia Aguilera, quien ese mismo día había revelado que estaba embarazada.
El crimen conmocionó a Paraguay y a toda la región, al evidenciar el nivel de exposición de fiscales y jueces que investigan estructuras criminales transnacionales.
Posteriormente, la justicia colombiana condenó a Guácala y a otros implicados, aunque el trasfondo del magnicidio —incluyendo quiénes lo ordenaron y financiaron— sigue sin esclarecerse plenamente.
Petro ha insistido en que su Gobierno busca llegar a los responsables intelectuales, pero sus recientes críticas a Paraguay ponen de relieve la falta de sintonía entre ambos países en materia judicial y de cooperación internacional.
