El Poder Ejecutivo de Perú, a través del Decreto Supremo N° 035-2025-PCM, declaró el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao, por un período de 30 días. Esta acción, publicada en el Diario Oficial El Peruano, responde al aumento de la inseguridad en la capital y el primer puerto del país, especialmente tras el asesinato del cantante de cumbia Paul Flores, miembro de la orquesta Armonía 10, en un atentado vinculado a extorsiones.
El decreto establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) tomará el control del orden público, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas más afectadas, según lo determine la PNP. Esta intervención tiene como objetivo restaurar la seguridad y el orden interno en las áreas más golpeadas por el crimen y la violencia. Para ello, se implementan restricciones a ciertos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, siempre conforme a lo que permite la Constitución del Perú en situaciones excepcionales.
El despliegue inicial de las Fuerzas Armadas comenzó en la madrugada del miércoles con la movilización de 580 militares, quienes se distribuyeron en varios distritos de Lima y Callao. Las primeras zonas en recibir la intervención fueron Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Luis, San Juan de Miraflores, Chorrillos y La Victoria, entre otras. No obstante, según algunos medios locales, en ciertas áreas como Lince no se observó presencia militar en las primeras horas, lo que genera incertidumbre sobre la efectividad del despliegue.
El jefe de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, detalló que se planea desplegar a los agentes militares en puntos estratégicos de alto tránsito, como estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, donde se han registrado homicidios. Además, se establecerán controles en mercados y otras áreas de alta afluencia de personas, lugares donde también se han registrado casos de extorsión y violencia.
Aunque el decreto menciona restricciones como la suspensión de la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio, no se establece un toque de queda ni una prohibición de reuniones sociales. Sin embargo, las fuerzas de seguridad estarán preparadas para intervenir sin necesidad de orden judicial en casos de alteración del orden público, lo que incluye la posibilidad de suspender eventos como fiestas o reuniones si se considera necesario.
El decreto también contempla la colaboración entre diversas instituciones del Estado, como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y los gobiernos locales, quienes deberán coordinar esfuerzos para implementar las medidas del Estado de Emergencia de manera efectiva. Además, las instituciones involucradas recibirán apoyo financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, con recursos asignados específicamente para la implementación de esta medida.
Una de las disposiciones más relevantes del decreto es la exigencia de que, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la finalización del estado de emergencia, la Policía Nacional debe presentar un informe detallado al Ministerio del Interior. Este informe deberá incluir las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la intervención, lo que permitirá evaluar la efectividad de la medida y ajustar las estrategias si fuera necesario.
El contexto político también es relevante, ya que la declaratoria de emergencia se produce en un momento de creciente presión sobre el gobierno de Dina Boluarte, especialmente por las críticas a la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La medida también ocurre en medio de pedidos de renuncia y mociones de censura contra el ministro, aunque él ha rechazado cualquier intento de destitución, asegurando que su trabajo continúa siendo esencial para la seguridad del país.
La respuesta del gobierno ante esta crisis de seguridad, particularmente en Lima y Callao, se da en un momento en que la población exige soluciones rápidas y efectivas frente al creciente crimen organizado y las extorsiones, que han golpeado especialmente a sectores vulnerables. La expectativa es que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el orden se recupere rápidamente, aunque los ciudadanos continúan cuestionando si esta medida será suficiente para frenar la violencia a largo plazo.
Los expertos en seguridad advierten que, si bien las acciones de control y represión son necesarias para restaurar el orden, también se deben implementar políticas estructurales que aborden las causas profundas de la violencia, como la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades laborales, para evitar que la inseguridad vuelva a crecer.
