Este lunes, la Fiscalía boliviana presentó una “imputación formal” contra Evo Morales, ex presidente de Bolivia, por el presunto delito de trata de personas agravada. La acción también incluye a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, y se solicitó la alerta migratoria para ambos. La imputación llega después de que Morales no se presentara a declarar en la investigación, que comenzó en septiembre.
La fiscal Sandra Gutiérrez explicó que, luego de que Morales no cumpliera con la citación, se procedió con la imputación formal y con la reactivación de una orden de detención. La solicitud de un juez para fijar una audiencia de medidas cautelares será la siguiente fase en este proceso legal. A pesar de la orden de captura emitida en octubre, la Policía no ha logrado encontrar al ex mandatario.
El caso involucra una denuncia sobre presuntos abusos por parte de Morales hacia una menor de edad, quien habría sido parte de la “Generación Evo”, un grupo juvenil creado por el ex presidente. La denuncia también apunta a que los padres de la menor se “lucran” al entregarla al ex mandatario a cambio de “favores”. Morales, quien se encuentra en su feudo cocalero del Chapare, ha sido protegido por sus seguidores, quienes organizaron bloqueos y protestas en su defensa.
Gutiérrez también mencionó que la ejecución de la orden de aprehensión contra Morales ha enfrentado numerosos obstáculos, incluyendo los bloqueos de carreteras, que dificultaron el acceso de la Policía a la zona. Estos bloqueos, que duraron más de tres semanas, fueron principalmente promovidos por seguidores del ex presidente en el centro del país. La fiscal denunció que durante estas manifestaciones, agentes de seguridad fueron agredidos físicamente.
En su rueda de prensa, la fiscal aclaró que la investigación no tiene motivaciones políticas y que el objetivo es proteger los derechos de la presunta víctima. “Estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el consentimiento de sus padres”, aseveró Gutiérrez.
El proceso judicial contra Morales también ha tenido repercusiones a nivel político. El 3 de octubre, la fiscal había denunciado que el entonces fiscal general, Juan Lanchipa, frenó una orden de captura contra Morales, lo que resultó en la destitución de Lanchipa y la restitución de Gutiérrez en su cargo.
Por otro lado, el ex presidente también enfrenta un caso similar en Argentina, donde fue denunciado por “trata de personas y abuso sexual” en 2019, cuando estuvo en ese país como refugiado político bajo el gobierno de Alberto Fernández.
Morales, quien permanece en el Chapare bajo la protección de sus seguidores, afirmó en varias ocasiones que está protegido por un contingente de al menos 500 personas. Esta situación de seguridad, sumada a la complejidad del operativo, ha dificultado las gestiones para ejecutar la orden de aprehensión en su contra.
