Semanas después del trágico accidente en Coronel Oviedo que enlutó a dos familias, pasajeros y allegados de las víctimas regresaron al lugar de la tragedia para exigir justicia y medidas de prevención.
Entre los fallecidos se encuentran Liz Concepción Martínez, de 41 años, y Mauricio David Aguilera, de 17, cuya muerte motivó que familiares y estudiantes reclamaran responsabilidades claras.
Bartolomé Garcete, viudo de Martínez, habló en representación del grupo y responsabilizó directamente a la empresa A Pleno S.A., que contrató el transporte de los adolescentes.
Según Garcete, la compañía prometió un servicio “de primera línea”, con acompañamiento de paramédicos y una ambulancia, condiciones que, afirmó, nunca se cumplieron.
El familiar aseguró que la empresa no se acercó a las familias para presentar condolencias ni ofrecer apoyo, lo que generó indignación y rechazo entre los presentes.
Además, señaló que los costos del viaje fueron “exorbitantes”, alcanzando los 220 millones de guaraníes, monto que consideró injustificado dada la deficiente calidad del servicio prestado.
Garcete también cuestionó las condiciones de los conductores, quienes según la información recabada habrían dormido en el propio colectivo sin descanso adecuado y con alimentación insuficiente.
Ante esta situación, solicitó la intervención de las autoridades para investigar a la empresa, verificar su funcionamiento y, de ser necesario, cancelar su licencia de operación.
Los presentes, entre ellos estudiantes y padres de familia, destacaron que las vidas perdidas no fueron un accidente fortuito, sino consecuencia de negligencia y falta de control sobre el transporte contratado.
Reclamaron sanciones para quienes incumplieron con sus responsabilidades y aseguraron que la tragedia no debe repetirse ni convertirse en una estadística más.
El grupo hizo un llamado a que se establezcan regulaciones más estrictas para empresas de transporte, priorizando la seguridad de los pasajeros y la transparencia en los servicios ofrecidos.
Finalmente, pidieron que esta tragedia se transforme en un “punto de inflexión” para exigir transporte seguro, responsable y controlado, evitando que otras familias enfrenten pérdidas irreparables por negligencia ajena.
