En un operativo de fuerte carga simbólica y política, el gobierno de México transfirió a 26 presuntos narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos, varios de ellos considerados piezas clave dentro de los cárteles más poderosos del país. La entrega fue confirmada por autoridades de ambos gobiernos, que destacaron la colaboración mutua frente al crimen organizado.
La lista incluye nombres de alto perfil vinculados al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estructuras criminales señaladas por Washington como responsables del tráfico masivo de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína. En febrero, el gobierno estadounidense ya había recibido a otros 29 capos, entre ellos Rafael Caro Quintero, señalado por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.
El Departamento de Justicia de EE.UU. calificó el traslado como un hito en la lucha conjunta contra el narcotráfico. “Estos individuos son responsables del ingreso de toneladas de drogas peligrosas a nuestro país”, señaló el comunicado oficial, que incluye identidades y cargos de los extraditados.
Destacan casos como el de Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis” y cuñado de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, prófugo y actual cabecilla del CJNG. También fue trasladado Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, conocido por su rol en la escalada de violencia extrema en el país.
A ellos se suman nombres como Juan Carlos Félix Gastelum, “El Chavo Félix”, vinculado al Cártel de Sinaloa, y Pablo Edwin Huerta, “El Flaquito”, sobreviviente de la estructura de los Arellano Félix. Hay además jefes de seguridad, operadores logísticos y un piloto que servía a altos mandos del narcotráfico.
Salvo un ciudadano de Sierra Leona acusado de tráfico de migrantes, todos los demás enfrentan penas de cadena perpetua. El gobierno mexicano informó que la entrega se realizó tras una solicitud del Departamento de Justicia, que se comprometió formalmente a no aplicar la pena de muerte, requisito legal exigido por México para aprobar este tipo de traslados.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, afirmó que esta acción refleja los esfuerzos “históricos” de la administración de Donald Trump para desarticular organizaciones criminales transnacionales, calificadas por Washington como “grupos terroristas”.
Desde el lado mexicano, la decisión fue justificada como una forma de evitar que capos peligrosos recuperen su libertad mediante amparos otorgados por jueces “de dudosa imparcialidad”. El gobierno de Claudia Sheinbaum defendió el procedimiento legal, aclarando que no se trató de extradiciones tradicionales, sino de un mecanismo abreviado contemplado en acuerdos bilaterales.
Según la Fiscalía General de la República, los 26 acusados se encontraban detenidos en diferentes penales de alta seguridad y representaban un “riesgo constante” para la estabilidad del sistema penitenciario y la seguridad nacional.
El operativo se realizó mientras ambos países mantienen negociaciones sobre un nuevo acuerdo en materia de seguridad, centrado en el control del tráfico de drogas, armas y migración ilegal. La semana pasada, versiones periodísticas revelaron que Trump había evaluado usar al ejército estadounidense contra cárteles mexicanos, lo cual generó una respuesta firme del gobierno de Sheinbaum, que rechazó cualquier intervención extranjera.
