Cientos de miles de migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití han comenzado a recibir notificaciones oficiales por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), informándoles que sus permisos de permanencia temporal han sido revocados. Esta medida impacta directamente su derecho a vivir y trabajar legalmente en el país.
El contenido de los correos electrónicos, revelado por CNN, señala que los beneficiarios del programa de “parole humanitario” deben abandonar el país o enfrentar posibles acciones coercitivas como la detención y la deportación inmediata. “Este aviso le informa que su ‘parole’ ha sido cancelado”, indica el texto enviado a los afectados.
Los permisos de trabajo asociados también serán invalidados, según se detalla en la comunicación. Esta decisión afecta de forma directa a migrantes que habían sido autorizados a entrar a EE.UU. bajo criterios específicos, entre ellos tener un patrocinador que garantizara su manutención en el país.
La revocatoria de estas protecciones ocurre tras un fallo emitido por la Corte Suprema de EE.UU. el 30 de mayo, el cual autoriza al Gobierno de Donald Trump a restablecer una medida que suspende las protecciones temporales ofrecidas previamente por la administración Biden.
La política migratoria implementada por Biden en 2023 fue presentada como un esfuerzo por gestionar los flujos migratorios desde estos países, permitiendo una vía legal y controlada para quienes califican. Sin embargo, los sectores republicanos la criticaron por considerarla una medida que incentivaba más llegadas irregulares.
Tras el regreso de Trump al poder en enero, su gobierno promovió la cancelación inmediata del programa y presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para permitir su eliminación. La Corte falló a favor del Ejecutivo, anulando una orden judicial previa que había frenado la decisión.
Como resultado, el DHS ha iniciado una ofensiva migratoria más estricta, reforzando las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyas redadas recientes en ciudades como Los Ángeles han provocado protestas, choques con activistas y numerosos arrestos.
Las acciones del gobierno actual reflejan un giro radical respecto al enfoque de su predecesor y han encendido el debate nacional sobre el manejo de la migración en Estados Unidos. La revocación del “parole” afecta a más de 532.000 personas, según estimaciones oficiales.
En declaraciones no oficiales recogidas por medios locales, algunas de las personas afectadas manifestaron su temor ante la posibilidad de ser deportadas a países que aún enfrentan crisis humanitarias, inseguridad y escasez de servicios básicos.
Por su parte, defensores de los derechos humanos y organizaciones migrantes denuncian que la medida pone en riesgo la integridad de miles de familias, muchas de las cuales ya están integradas social y económicamente en comunidades estadounidenses.
Mientras tanto, las manifestaciones contra la nueva política migratoria se extienden por otras ciudades del país, incluyendo Nueva York, Chicago y Miami, con llamados a proteger los derechos de los migrantes que llegaron legalmente y que ahora se enfrentan a la incertidumbre.
