El gobierno estadounidense informó que el cártel mexicano Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”, han sido sancionados debido a su participación en el contrabando de combustible en Guanajuato y la creación de un mercado ilícito transfronterizo de energía.
Las sanciones buscan bloquear cualquier actividad económica que involucre al cártel o a su líder dentro de Estados Unidos, prohibiendo que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen negocios con ellos.
Según el Departamento del Tesoro, el CSRL ha intensificado su disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible en Guanajuato, provocando que esta región se convierta en una de las más violentas del país centroamericano.
Las operaciones del cártel no solo afectan la seguridad local, sino que también perjudican a empresas estadounidenses de petróleo y gas natural y privan al gobierno mexicano de ingresos fundamentales, según el comunicado oficial.
El Santa Rosa de Lima se formó en 2014 en la localidad guanajuatense que le da nombre. Tres años más tarde, comenzó un conflicto armado contra el CJNG en el llamado “triángulo de las Bermudas” de Guanajuato, área estratégica que alberga refinerías y oleoductos de Pemex.
En su enfrentamiento con el CJNG, el CSRL ha establecido alianzas con el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, ambos clasificados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.
El cártel ha incorporado a sus filas exmilitares y exparamilitares colombianos, fortaleciendo sus operaciones en la región y aumentando la complejidad del crimen organizado en Guanajuato.
José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, fue capturado en 2020 y condenado a 60 años de prisión por secuestro. Sin embargo, el Departamento del Tesoro sostiene que sigue activo desde la cárcel, coordinando las acciones del CSRL a través de familiares y abogados.
Además, desde prisión habría contribuido a formalizar la alianza del cártel con otras organizaciones criminales, ampliando su influencia en el tráfico de combustible y otras actividades ilícitas.
Estas sanciones forman parte de la estrategia estadounidense de lucha contra el crimen transnacional, enfocándose en cortar recursos financieros y operaciones comerciales de los grupos criminales.
La medida también refleja la preocupación de EE. UU. por la estabilidad de la región y por proteger a las empresas nacionales de ser afectadas por prácticas ilícitas de grupos extranjeros.
Con la implementación de estas restricciones, cualquier intento de comercio o colaboración con el CSRL o su líder será legalmente perseguido en Estados Unidos, consolidando un nuevo frente en la presión internacional contra el crimen organizado mexicano.
