El gobierno de Donald Trump comunicó la imposición de restricciones de visado contra cinco ciudadanos europeos, a quienes responsabiliza de intentar influir sobre plataformas tecnológicas estadounidenses para censurar contenidos o monetización de opiniones, informó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Según el Departamento de Estado, estas personas habrían participado en “esfuerzos organizados” para coaccionar a empresas estadounidenses a suprimir voces con las que discrepan, lo que, según Washington, podría generar “consecuencias adversas” para la política exterior del país.
Entre los sancionados se encuentra Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior, y otros representantes de organizaciones que combaten desinformación y discurso de odio en línea, como Imran Ahmed, Josephine Ballon, Anna-Lena von Hodenberg y Clare Melford.
El Departamento de Estado no detalló casos específicos ni procesos judiciales que respalden la decisión, pero Rubio aseguró que forma parte de una política anunciada en mayo destinada a limitar la entrada de extranjeros que promuevan la censura de expresiones protegidas en EE.UU.
Desde la Casa Blanca, la medida se enmarca dentro de la estrategia de Trump contra lo que denomina el “complejo industrial de la censura global”, en línea con la defensa de la libertad de expresión frente a regulaciones digitales internacionales.
La Comisión Europea respondió con una condena enérgica y solicitó explicaciones a Washington. El Ejecutivo comunitario advirtió que responderá “con rapidez y decisión” para proteger la autonomía regulatoria del bloque.
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sostuvo que la libertad de expresión es la base de la democracia europea y subrayó que la CE actuará como guardián de estos valores fundamentales.
Otros líderes europeos, como António Costa y Henna Virkkunen, calificaron las medidas de “inaceptables” y defendieron la legislación digital de la UE como herramienta democrática para proteger a los ciudadanos de riesgos en línea, incluidos contenidos terroristas o de abuso infantil.
Stéphane Séjourné, vicepresidente europeo para Industria, mostró solidaridad con los sancionados, señalando que Breton actuó en defensa del interés general y que ninguna sanción puede silenciar la soberanía europea.
Parlamentarios europeos, incluidos Iratxe García Pérez y Valérie Hayer, coincidieron en que las restricciones constituyen un acto de censura y que la soberanía regulatoria no se negociará bajo presión externa.
La medida estadounidense se produce semanas después de que la Comisión Europea impusiera una multa de 130 millones de euros a la red social X por incumplimiento de obligaciones de transparencia, episodio que también fue criticado por Rubio como un ataque al pueblo estadounidense.
Los ciudadanos afectados no podrán ingresar a Estados Unidos y podrían ser expulsados si ya se encuentran en el país. La medida intensifica las tensiones entre Washington y Bruselas sobre libertad de expresión, regulación digital y soberanía regulatoria, abriendo un nuevo frente en las relaciones transatlánticas.
