Este martes 14 de enero, un giro en la política internacional tomó forma cuando el gobierno de Estados Unidos retiró a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta medida se produce después de años de tensiones y su implementación fue posible gracias a la mediación del Vaticano, Brasil y Colombia, quienes facilitaron un acuerdo que incluye la liberación de más de 500 prisioneros en la isla.
La liberación de los prisioneros, cuya cifra incluye a varios participantes de las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano (MINREX). Estos presos fueron encarcelados por diversos cargos, muchos de ellos vinculados a la represión de las manifestaciones en la isla, las cuales dejaron muertos y heridos en un acto de resistencia que marcó el fin de la tranquilidad autoritaria de décadas.
La Casa Blanca también comentó la medida, detallando que las excarcelaciones comenzarán en un “plazo relativamente corto”. La decisión de liberar a los prisioneros se produce en el marco de una relación bilateral que sigue siendo muy compleja, aunque se percibe como una señal de distensión, tras los largos años de enfrentamiento.
El paso de Estados Unidos de retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo se da menos de una semana antes de la asunción de Donald Trump como presidente de EE. UU., quien durante su mandato anterior había reincorporado a la isla a dicha lista. La medida es clave debido a las implicaciones económicas y diplomáticas que suponen las sanciones asociadas a esa designación, como la prohibición de ventas de armas y restricciones comerciales.
Aunque la dictadura de Miguel Díaz-Canel recibió la decisión de Washington con cautela, calificándola como “un paso en la dirección correcta”, destacó que el “bloqueo económico” de EE. UU. sigue vigente. Además, insistieron en que las sanciones estadounidenses continúan afectando gravemente la economía cubana, que enfrenta una grave escasez de bienes esenciales, incluida la comida y medicinas.
El gobierno cubano también subrayó que la liberación de los presos no debe ser vista como una solución definitiva a los problemas que enfrenta el país, especialmente a las dificultades que enfrenta el pueblo debido al régimen económico autoritario. Mientras tanto, las tensiones internas y externas continúan acentuándose, con sectores de la oposición que exigen un cambio estructural en la isla.
Desde Washington, el senador republicano Ted Cruz calificó de “inaceptable” la decisión de la administración de Joe Biden, y cuestionó el sentido de la medida, considerando que el régimen cubano sigue siendo un “promotor del terrorismo”. Además, varios congresistas republicanos han expresado su intención de revertir esta medida una vez que Trump asuma la presidencia, intensificando las presiones contra el régimen de La Habana.
En contraste, desde Brasil y Colombia se celebró la decisión de Estados Unidos como un paso hacia el restablecimiento de la justicia y las relaciones diplomáticas. El gobierno brasileño consideró que esta acción es un “acto de reparación”, mientras que el presidente colombiano, Gustavo Petro, destacó que este avance representa un cambio hacia el diálogo en la región, evitando imponer la fuerza en las relaciones con América Latina.
La liberación de los prisioneros también ha generado reacciones en la sociedad civil cubana. Organizaciones de derechos humanos han señalado que este gesto es importante, pero insuficiente, si no va acompañado de un cambio real en la política represiva del régimen. Según la ONG Prisoners Defenders, a finales de 2023 había más de mil personas detenidas por razones políticas en Cuba, lo que pone de manifiesto la extensión de la represión.
Con el fin de los procesos de mediación y la probable llegada de nuevas negociaciones, se abre una nueva página en la relación entre Cuba y Estados Unidos. La administración Biden, aunque con limitaciones, ha tomado una decisión en un contexto de exigentes presiones internas y externas, buscando encaminar el proceso hacia una posible solución pacífica que aún se encuentra en desarrollo.
