El Tribunal Superior de Cartagena ratificó la condena de 35 años de prisión a Margareth Chacón, quien está acusada de ser una de las piezas clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en la isla de Barú, Colombia. Esta decisión se produce en medio de una tensa disputa legal en la que la defensa de Chacón asegura que el proceso estuvo lleno de irregularidades.
El crimen de Pecci, reconocido por su lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, generó gran conmoción en América Latina. Chacón, según las investigaciones, habría jugado un papel fundamental como intermediaria entre los autores materiales del crimen y los financiadores del asesinato. En ese contexto, las autoridades colombianas afirman que Chacón facilitó tanto recursos económicos como conexiones logísticas para llevar a cabo el homicidio.
A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, Chacón mantiene que las acusaciones en su contra son manipuladas y que su juicio no fue transparente. Durante la audiencia, la condenada se mostró visiblemente molesta y, entre lágrimas, aseguró que nunca tuvo la oportunidad de defenderse adecuadamente. “Me tuvieron torturada cinco meses en un búnker”, denunció, criticando duramente al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quien lideró la investigación.
El discurso de Chacón fue contundente. La mujer no solo cuestionó las pruebas, sino también las decisiones tomadas por los responsables del proceso judicial. En sus palabras, las declaraciones de Burgos Patiño debían ser investigadas a fondo. “Solo quiero que se investigue con lupa todas las mentiras que el señor Mario Andrés Burgos Patiño ha dicho”, expresó. La condenada también solicitó una revisión exhaustiva de todas las pruebas que la implican en el caso.
El Tribunal aclaró que, en esta etapa del proceso, la defensa solo puede apelar la sentencia a través de recursos extraordinarios. De acuerdo con la ley colombiana, el plazo para presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia es de 30 días, por lo que Chacón tiene la última oportunidad para intentar revertir su condena.
El asesinato de Marcelo Pecci fue planeado mientras él disfrutaba de su luna de miel en Barú, lo que le dio un giro aún más dramático al caso. La muerte del fiscal, conocido por su arduo trabajo en la lucha contra el crimen organizado, puso en evidencia la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales en América Latina, región que enfrenta una creciente amenaza del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
El caso también destacó la naturaleza transnacional del crimen organizado, ya que aunque el asesinato se ejecutó en Colombia, las implicaciones directas se sintieron en Paraguay, donde Pecci estaba basado. La colaboración entre los gobiernos de ambos países ha sido esencial para esclarecer los hechos, aunque los avances en Paraguay han sido más lentos en comparación con Colombia.
En cuanto a la acusación contra Chacón, las autoridades colombianas aseguran que ella actuó como el nexo entre los financiadores y los autores materiales del crimen. Junto a su pareja, Andrés Felipe Pérez Hoyos, y su hermano, Ramón Emilio Pérez Hoyos, Chacón sería responsable de coordinar la logística del asesinato, lo que hace su papel aún más significativo dentro de la trama criminal.
A pesar de las reiteradas acusaciones, la defensa de Chacón sigue insistiendo en que el proceso judicial no ha sido justo. Aseguran que hay elementos fundamentales que deben ser revisados y que la condena de la mujer se basa en pruebas manipuladas. Sin embargo, hasta el momento, la Corte Suprema no ha dado señales claras de que considere oportuno revisar la sentencia.
En tanto, las autoridades colombianas continúan con la investigación, mientras el caso de Chacón sigue siendo una de las piezas más clave en el esclarecimiento del asesinato de Marcelo Pecci. La condena ratificada refuerza la postura del gobierno colombiano, que ha sido enfático en perseguir a todos los involucrados en el crimen.
Con la apelación en camino, la situación de Margareth Chacón está lejos de resolverse. Será fundamental que su defensa presente argumentos sólidos y pruebas contundentes si desea que el alto tribunal reevalúe su caso. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en el caso, con la esperanza de que se logre hacer justicia por el asesinato de un funcionario tan importante como Marcelo Pecci.
